“El presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri y otras autoridades del gabinete nacional, encabezó esta tarde una ceremonia en homenaje al 32° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires”.
Así lo titularon en la página oficial del Gobierno Nacional, a donde ni mencionaron a la mismísima Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Se sentaron uno al lado del otro durante el acto que se hizo en la plaza de la embajada de Israel a 32 años del atentado terrorista que ocurrió en ese mismo sitio y que dejó un saldo de 22 muertos.
Todos esperaban la palabra del Presidente, un asiduo defensor –quizás más que ningún otro presidente del mundo– del estado de Israel ante el conflicto que lleva adelante con Palestina. Sin embargo, el jefe de Estado se fue del evento sin decir palabra.
El 17 de marzo de 1992 una bomba explotó en la esquina de Suipacha y Arroyo, en la ciudad de Buenos Aires. Doscientas personas terminaron heridas, veintidós murieron. Pero el objetivo no eran esas personas, testigos o víctimas aleatorias del horror, sino una Embajada. La de Israel.
Gracias al informe del Mossad, se supo que no hubo participación de ciudadanos argentinos en el ataque y se logró identificar a todos los involucrados con nombre, apellido y foto. El trabajo ratificó la responsabilidad política y criminal de ambas organizaciones terroristas en el atentado contra la Embajada de Israel, localizada en la calle Arroyo 916, y señaló que la infraestructura del estallido fue creada en Argentina y Brasil desde 1988.
El mandatario reunió allí a la mayoría de sus ministros: estuvo el titular del ministerio del Interior Guillermo Francos, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, la de Capital Humano, Sandra Pettovello, el de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el vocero, Manuel Adorni. En primera fila, entre Karina Milei y Villarruel, estuvo sentado el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Además, hubo legisladores de LLA como el presidente del bloque en diputados, Oscar Zago, y de otros espacios como Damian Arabia del PRO y Maximiliano Ferraro del bloque HCF de Miguel Angel Pichetto. La mayoría de ellos tenía colgado en su pecho una chapa con su identificación.
El rabino Wahnish, quién no tiene experiencia en el mundo diplomático, será el representante de la Argentina en Israel, así lo decidió Milei y lo anunció a fin del año pasado.
En nombre de las víctimas y familiares tomó la palabra Alberto Kupersmid, que se dirigió también a Milei: “Señor Presidente, ya que usted dijo que venía a despertar leones, ¿cree que podrá despertar a la justicia para que se ponga de pie y actúe en consecuencia?”, pidió.
Recordemos que este atentado se realizó en el mandato de Carlos Saúl Menem, el entonces candidato riojano prometió reactores nucleares, soportes tecnológicos y vectores misilísticos a lo largo del Medio Oriente y el Magreb. A Siria, Irán y a Libia, por nombrar algunos países que bien pudieron aportar algunas divisas a las arcas de la campaña presidencial de ese simpático aspirante hijo de sirios. Menem pensó que, así como echó por tierra la densidad de sus palabras para con sus votantes sin mayores consecuencias, podría obrar igual, con los mismos resultados, hacia sus interlocutores de Medio Oriente. No fue así.
Por si fuera poco, Menem y su entonces canciller, Domingo Cavallo, enviaron dos naves a la Guerra del Golfo, como si fuera un paseo que devengaría réditos económicos al país y políticos a su causa de perpetuación en el poder. Tampoco fue así.
Lo que ocurrió fue que el 17 de marzo de 1992 voló la embajada de Israel en Buenos Aires, donde murieron 22 personas. Cifra que pudo darse por certera recién después de casi diez años de ocurrida la masacre, ya que a lo largo de casi una década se creyó que los muertos fueron 29. Ese increíble plazo fue el producto de la endeblez del Estado, la desidia, la ineficiencia, el encubrimiento y la tilinguería que atravesaron la tarea del Estado alrededor del atentado.