En la continuidad de su plan de reducir al máximo posible la planta de empleados públicos, el Gobierno anunció este martes el cierre de otros dos organismos y la decisión de echar a 900 empleados. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según precisó, esos organismos se van a transformar en “una dirección con 64 empleados. Se reducen 900 puestos de no trabajo y va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos”.
Adorni informó que tras una revisión de datos por parte del Gobierno se detectaron irregularidades: “Además de eso tenía 160 delegaciones, cada 3 empleados había un delegado. Había 204 vehículos y 85% era para pagar sueldos, básicamente era una agencia de empleo político”.
El portavoz de la presidencia también denunció que “se transferían fondos discrecionales” y agregó: “No recibimos reclamos, así que no estaba cumpliendo con la esencia para la cual había sido creado”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se ocupa del diseño de políticas para los agricultores familiares, que no entran en la categoría de pequeños productores y no tienen escala si no se asume la producción colectiva.
Había sido creado, a finales de 2022, por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández.
Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.
El Inafci (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena)estaba al frente de la aplicación de la Ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”, que tiene entre sus puntos centrales la creación de un Banco de Tierras. Este punto fue tomado en el decreto de creación del instituto y le dió la potestad de “proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes que pudiesen pasar a integrar conforme la normativa vigente al Banco de Tierras” y de participar de manera directa —de acuerdo con las directivas que imparta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)— de compras, enajenación, transferencia, alquileres o comodatos de tierras para incorporar al banco.
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se pronunciaron en contra de esta desición:
También nos comunicamos con Hernán Cuevas, coordinador de la Federación Rural Mar del Plata:
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