El miércoles 12 a las 10 hs comenzará la sesión en el Senado para debatir la ley de bases y el paquete fiscal.
Hasta el momento, ni el oficialismo tiene los votos garantizados para aprobarlas, ni Unión por la Patria alcanzaría a sumar aliados para rechazar los dos proyectos. Los libertarios deberán reunir un mínimo de 37 legisladores, necesarios para iniciar el debate y aprobar las iniciativas. Por ahora, solo tienen aseguradas 35 voluntades, mientras que del lado del rechazo se cuentan 34. El radical Maximiliano Abad y los dos santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, son los tres senadores que estarian indecisos y serán decisivos para definir la suerte de las leyes impulsadas por el ejecutivo.
Sin el piso de 37 avales, el oficialismo se arriesga a llegar al recinto con la posibilidad de que los proyectos fundacionales del gobierno de Milei no puedan convertirse en ley en lo que resta del año. Así lo determina la Constitución Nacional respecto de cualquier iniciativa desechada totalmente por una de las cámaras En efecto, una vez rechazada las leyes no podrían ser tratadas durante el actual periodo legislativo. Este escenario sacudiría a la administración libertaria y desnudaría su debilidad política. En cambio, si el Senado aprueba las propuestas del Ejecutivo, se garantizará su sanción a pesar de que tengan que ser devueltas a Diputados para su revisión. La Cámara baja deberá insistir con la redacción original o ratificar los cambios, pero en cualquier caso una versión de la Ley Bases se materializará.
Los 35 apoyos que el Gobierno tiene afianzados en el Senado son aportados por un sector mayoritario de la UCR, Pro, provinciales y peronistas dialoguistas. En la vereda de enfrente se encuentran los 34 integrantes de Unión por la Patria (UP) y el radical Martín Lousteau, quien defenderá un dictamen propio.
El clima de desesperación quedó expuesto por el comunicado que emitieron los gobernadores de Juntos reclamando que la ley salga. “Necesitamos una señal a los mercados”, dijeron en referencia a los saltos que viene dando el dólar porque el gobierno aún no consiguió garantizar la aprobación de su primera ley.
Los tres senadores que todavía se resguardan en la zona de la indefinición pueden inclinar indistintamente la votación. Abad fue el único radical que no acompañó ningún dictamen y abrió una incógnita respecto de su posición en el recinto. La misma actitud tomó frente al DNU 70/2023, cuando optó por la abstención . En este escenario, su decisión podría ser letal para el oficialismo dado que robustece al espacio del “no”.
Con respecto a los senadores santacruceños, a pesar de que Carambia acompañó con disidencias el dictamen del oficialismo, lo hizo después de obtener el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras. Si bien apoyó en comisiones, su voto a favor no está garantizado en la sesión. La misma lectura se puede hacer de Gadano, con quien trabaja en sintonía.
Si bien ambos llegaron a la Cámara alta con el andamiaje político del gobernador de su provincia, Claudio Vidal, se mueven con independencia. Por eso, las gestiones políticas de Francos, que lograron excluir a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de la privatización total en la Ley Bases, encontraron un límite. Tanto Carambia como Gadano provienen de ciudades petroleras y votarán en contra de cualquier perjuicio al sector. De hecho, es probable que rechacen la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, incluso con el diferencial del 22% para los patagónicos. Con respecto a este artículo, el oficialismo prácticamente ya lo da por perdido.
A este complejo escenario se le suma la posibilidad de que Villarruel deba dejar a cargo de la sesión al libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del cuerpo. Será para ocupar la presidencia cuando Milei se ausente del país para participar de la cumbre del G7 en Italia. Viajará el miércoles por la noche, el mismo día en que está prevista la discusión de la Ley Bases en el recinto. Si bien la convocatoria oficial está hecha a las 10, se esperan más de 10 horas de debate y es probable que se solapen. Es por eso que si la votación termina empatada, el Gobierno no podrá esperar que sea Villarruel quien desempate, como hiciera Julio Cobos con la 125. La definición caería en manos del presidente provisional, Bartolomé Abdala.
En un proyecto con más de 200 artículos, es condición imprescindible que quien esté a cargo de esta tarea sepa manejar muy bien el pulso del recinto para retener el control de lo que se somete a votación y evitar que ingresen las balas de la oposición.
Se espera que el kirchnerismo insista con discutir cada artículo del proyecto. La semana pasada, Unión por la Patria pidió una sesión especial para el mismo día en que se discutirá la Ley Bases con el fin de someter a debate un pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, atravesada por denuncias penales, renuncias y conflictos políticos. Se especula con que los bloques liderados por Juliana Di Tullio y José Mayans intenten esta semana volver a forzar esta solicitud en el hemiciclo.
Por lo pronto, en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer el kirchnerismo logró imponer su criterio y los proyectos de Ley Bases y la reforma fiscal se tratarán por separado. Es decir que primero se agotará la discusión y se votará una iniciativa, la Ley Bases, antes de pasar a discutir el paquete fiscal. Más allá de que este esquema estirará el tiempo que demandará la sesión, el oficialismo podría correr el riesgo de perder el quorum una vez terminado el primer debate.
A su vez, se especula con la posibilidad de un empate. Si la votación no arroja un ganador, el desempate quedará en manos de Villarruel. En el caso de que estuviera reemplazando a Milei en el sillón presidencial, la última palabra quedará en manos de Abdala, quien emitirá su voto como senador y, además, el definitorio. Podrá ser a viva voz o a través del tablero electrónico. En cualquier caso, este desenlace tendrá un resultado favorable para el Gobierno, pero abriría una controversia de fondo, ya que la Constitución Nacional no prevé la doble votación de un senador (”Cada senador tendrá un voto”, dice el artículo 54), como sí lo hace el reglamento del Senado (en su artículo 33).
Sin embargo, ya hubo casos en los que un presidente provisional del Senado desempató una votación. En 2002 el entonces senador justicialista Juan Carlos Maqueda, hoy juez de la Corte, destrabó con su voto la derogación de ley de Subversión Económica por pedido del presidente Eduardo Duhalde. En septiembre del año pasado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora votó como senadora y luego desempató la votación del pliego de la jueza Ana María Figueroa.