El Gobierno concedió cambios en el proyecto de Ley Bases que se debate este miércoles en el Senado, que incluyen la prohibición de disolver los organismos en relación a la cultura y la ciencia, como Conicet y el INCAA, y la exclusión de posibles intervenciones la Comisión Nacional de Energía Atómica y su autoridad regulatoria.
En el inicio de la sesión, el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, enumeró las modificaciones introducidas en el dictamen final.
En el inicio del debate de la Ley Bases en el Senado, el Gobierno cedió ante la oposición y confirmó que eliminó a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (TV Pública y Radio Nacional) de la lista de empresas a privatizar incluidas en el dictamen, uno de los puntos que reclamaba la oposición dialoguista. Se trata del artículo que declara “sujetas a privatización” a “las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional incluidas en el anexo I”. Con las concesiones de las tres mencionadas, la lista queda reducida a solo seis empresas.
De esta manera, el proyecto deja sujetas a privatización a Energía Argentina S.A. e Intercargo S.A.U., mientras que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A. quedan sujetas a privatización o concesión.
En plena votación de la Ley Bases en el Senado, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, informó en su presentación que rechazará la iniciativa propuesta por el oficialismo. “Creo que hay muchas cosas por corregir y modificar de esta ley”, agregó. Algo que no era seguro, pero se rumoreaba.
Antes de dar su veredicto sobre la normativa, Lousteau criticó duramente al presidente Javier Milei. “Dijo que amaba ser el topo desde adentro y que amaba destruir el Estado porque es como estar en las filas enemigas. ¿En serio a este gobierno le vamos a dar facultades delegadas?”, comentó.
Luego, lo parafraseó y añadió: “Esto yo lo tomaría como un principio de revelación de lo que piensa el Gobierno con respecto al Estado en cuanto a la salud, la educación y los alimentos si le damos emergencias y facultades delegadas”.
El Gobierno enfrenta una jornada clave para el futuro de la Ley Bases y el paquete fiscal, que se debaten este miércoles en el Senado. Las proyecciones plantean un final abierto donde la votación podría terminar en empate y obligar a una definición por parte del presidente de la Cámara Alta, un escenario no exento de polémicas ya que el oficialismo adelantó que usará el “doble voto”.
El artículo 213 del Reglamento del Senado establece que “si una votación se empata se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión”. El problema es que Milei tiene previsto partir rumbo a Italia para participar de la cumbre del G7 alrededor de las 22.30. Si la votación se realiza una vez que el Presidente abandonó suelo argentino, Villarruel no podrá participar ya que asumirá la presidencia de hecho, tal como lo establece la Constitución Nacional. En ese caso, el titular del Senado será el presidente provisional Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA). Este parece ser el escenario más probable.
Como un novedoso caballo de Troya parado a las puertas de la Historia Argentina, el proyecto de la Ley Bases que se discute en el Congreso contiene en su interior el controvertido Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). Son 65 artículos de meticulosa redacción mimetizados entre ítems referidos a reforma laboral, cambios previsionales, privatización de empresas públicas y otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la Nación, entre otras reformas estructurales que abarcan más de 180 páginas. Podrán aplicar al régimen los proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares, a los que se les garantiza 30 años de seguridad jurídica y estabilidad impositiva, cambiaria y de comercio exterior. Para estos capitales habrá beneficios en Ganancias e IVA, libre disponibilidad de divisas para importar y exportar (también sus dividendos) y nulos controles a sus operaciones, al punto de que no están siquiera obligados a contratar mano de obra ni comprar insumos nacionales.
Por otra parte, la orientación del RIGI condiciona el tipo de actividad a desarrollarse en territorio nacional. Gambina afirmaba hoy “¿Qué empresa argentina, ni siquiera una pyme, sino una gran empresa de origen argentino, está en condiciones de generar proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares? Es el sector que concentra la agroindustria de exportación, no sólo la soja, y todos los proyectos de infraestructura para el desarrollo de la economía, la producción, la comercialización, el sector de minería (litio, cobre), todos proyectos en danza en la actualidad. Ni hablar del gas y el petróleo, Vaca Muerta, el complejo energético argentino, lo que supone potenciación de desarrollos tecnológicos”.
Para conocer más sobre el RIGI podés leer nota completa en AnRed
Originalmente, la idea del oficialismo en el Senado era que se vote por capítulos, pero era muy factible que se deba ceder en esa intención y que varios artículos terminen con una votación por separado. Por estas horas, fuentes legislativas indicaron que el oficialismo intentaba bajar oradores para acelerar la sesión con la intención de aprobar tanto la Ley Bases como el paquete fiscal antes de la medianoche, con Villarruel en la Cámara alta.
Con esta decisión, se prevé que la Ley Bases se pueda votar en general entre las 17 y las 18 y en particular luego de las 22. De esta forma, resulta un escenario muy poco probable que el paquete fiscal también se vote este mismo miércoles con la vicepresidenta en el Congreso.
Más allá de la aprobación general de la Ley Bases, que quedó con un texto de 232 artículos, la otra gran duda es qué pasará con la votación en particular. Esto abriría la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio si el debate de la primera de las leyes se extiende, y retomar el jueves la ley de Medidas Fiscales. Dependerá de los que suceda en el recinto. En este sentido, algunos sectores de la oposición “light” avanzan con la idea de postergar el debate del Paquete Fiscal hasta que La Libertad Avanza garantice que respetará en Diputados las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto.
La jugada de José María Carambia y Natalia Gadano alteró los planes del Gobierno: contaban con sus votos para que se trate la ley. Ahora, la llave para que se caiga la ley que tanto promociona el gobierno la tiene Martín Lousteau. Con un Guillermo Francos absolutamente sorprendido, ambos legisladores denunciaron presiones por parte del Gobierno nacional y consideraron que los proyectos contienen una “trampa legislativa”.
Durante la sesión en Diputados el gremio de Trabajadores aceiteros se encuentran presentes frente al Congreso para rechazar la Ley de Bases. Se realizó un paro nacional que también convocaron para el día de hoy. Pero ayer fueron notificados que el Ministerio de Trabajo de la Nación a pedido de las empresas aceiteras Cargill, Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Terminal 6 SA, T6 Industrial SA, Molinos Agro SA, Renova SA y COFCO Internacional SA en forma conjunta con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), declararon la conciliación obligatoria. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina denunciaron el hecho como un ataque al derecho de huelga con el objetivo del gobierno de limitar la protesta contra la Ley de Bases.
Originalmente, la idea del oficialismo en el Senado era que se vote por capítulos, pero era muy factible que se deba ceder en esa intención y que varios artículos terminen con una votación por separado. Por estas horas, fuentes legislativas indicaron que el oficialismo intentaba bajar oradores para acelerar la sesión con la intención de aprobar tanto la Ley Bases como el paquete fiscal antes de la medianoche, con Villarruel en la Cámara alta.
Con esta decisión, se prevé que la Ley Bases se pueda votar en general entre las 17 y las 18 y en particular luego de las 22. De esta forma, resulta un escenario muy poco probable que el paquete fiscal también se vote este mismo miércoles con la vicepresidenta en el Congreso.
Más allá de la aprobación general de la Ley Bases, que quedó con un texto de 232 artículos, la otra gran duda es qué pasará con la votación en particular. Esto abriría la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio si el debate de la primera de las leyes se extiende, y retomar el jueves la ley de Medidas Fiscales. Dependerá de los que suceda en el recinto. En este sentido, algunos sectores de la oposición “light” avanzan con la idea de postergar el debate del Paquete Fiscal hasta que La Libertad Avanza garantice que respetará en Diputados las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto.
La jugada de José María Carambia y Natalia Gadano alteró los planes del Gobierno: contaban con sus votos para que se trate la ley. Ahora, la llave para que se caiga la ley que tanto promociona el gobierno la tiene Martín Lousteau. Con un Guillermo Francos absolutamente sorprendido, ambos legisladores denunciaron presiones por parte del Gobierno nacional y consideraron que los proyectos contienen una “trampa legislativa”.
Durante la sesión en Diputados el gremio de Trabajadores aceiteros se encuentran presentes frente al Congreso para rechazar la Ley de Bases. Se realizó un paro nacional que también convocaron para el día de hoy. Pero ayer fueron notificados que el Ministerio de Trabajo de la Nación a pedido de las empresas aceiteras Cargill, Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Terminal 6 SA, T6 Industrial SA, Molinos Agro SA, Renova SA y COFCO Internacional SA en forma conjunta con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), declararon la conciliación obligatoria. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina denunciaron el hecho como un ataque al derecho de huelga con el objetivo del gobierno de limitar la protesta contra la Ley de Bases.
