Tras la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en 2012, sólo se incorporó al empleo en el sector público a 995 personas. Con los despidos ocurridos en marzo, más de un centenar de personas trans quedaron sin empleo, con proyectos truncos y nuevamente expulsadas de la sociedad.
Aunque desde 2012 las personas trans tienen “igualdad legal” frente al estado argentino, sólo una pequeñísima porción de la comunidad trans ha conseguido traducir esto en mejoras materiales de sus condiciones de vida. La distancia entre las leyes conseguidas por la lucha travesti-trans y los efectos reales en sus condiciones de vida ya era bastante amplia antes de la asunción de Milei, pero se agudiza con las actuales políticas neo-conservadoras. Cuando en 2021 se discutió en el Congreso Nacional la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans se escuchó decir muchas veces que la ley venía “a reparar” las condiciones estructurales de vulneración de las personas trans en Argentina.
Además en términos objetivos la aplicación de la ley había sido escasa: hasta 2023 sólo se había alcanzado la contratación de menos de una quinta parte del 1% establecido por la Ley de Cupo como piso. Un informe del Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones de Trabajo, realizado por Francisco Fernández Romero y Pato Laterra junto a integrantes de la Asamblea de Trabajadorxs TTNB, daba cuenta de varios datos que confirmaban la percepción de la comunidad trans sobre las carencias de la Ley de Cupo: de las 995 personas contratadas el 45% fueron menores de 30 años; el 91% estaba radicada en CABA o Provincia de Buenos Aires; cerca del 80% tenía estudios secundarios, terciarios o universitarios; más del 80% estaba en condiciones precarias de contratación y el 58% experimentó dificultades con su obra social.
Las condiciones estructurales de vulneración que la población trans, y en especial las travestis trabajadoras sexuales, vivían fuera del empleo se tradujeron en la implementación del cupo.
Los primeros días del mes de marzo ya existían varios casos de despidos, comunicaciones cruzadas y anuncios vía twitter que informaban del cierre de oficinas del estado. El 29 de febrero se conocieron despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El 5 de marzo se anunció el cierre de 59 Centros de Referencia del Ex-Ministerio de Desarrollo Social (CDR). El 19 de marzo se anunció el cierre del Instituto de Agricultura Familiar y Campesina (INAFCI) y se conjeturaba el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En todos estos espacios trabajaban muchas personas trans, especialmente compañeras travestis y trans que por primera vez accedían a un empleo formal. Todos estos anuncios fueron informales y en la mayoría de los casos los trabajadores de estas dependencias no recibieron notificaciones oficiales sobre su futuro laboral, ni tuvieron reuniones con los nuevos jefes bajo la era Milei. Hacia fines de marzo se conocieron más detalles de despidos de personas trans: cerca de 100 personas fueron despedidas en todo el sistema público nacional, un 10% de las contrataciones realizadas por la Ley de Cupo. Las áreas más afectadas fueron el ANSES (20 despidos), Secretaria de Trabajo (28 despidos) y Ministerio de Capital Humano (23 despidos), aunque se registran despidos en muchos sectores.
La mayoría de las compañeras travas que ingresaron por el cupo lo hicieron en la categoría más baja y cobraban salarios de entre 90 mil y 110 mil pesos, bastante menos de lo que se necesita para vivir en la Argentina de hoy. Pero además del empleo, estar registradas significaba para ellas la posibilidad de acceder a un crédito, a un seguro de salud, a proyectar una carrera.
La primera respuesta de la comunidad travesti-trans vino de la mano de la Asamblea Zaguán TranSindical, un espacio que funciona desde el año pasado y convocó a algunas asambleas luego de la victoria de Milei en las PASO 2023 para debatir sobre la escasa y problemática aplicación del cupo laboral trans en el sector público nacional. Además del espacio de la asamblea de trabajadorxs TTNB, algunas instituciones y organizaciones están acompañando a lxs despedidxs, aunque se siente un poco el vacío de acciones en comparación con otros tiempos. En líneas generales todos los espacios de activismo se pronunciaron en relación a los despidos, pero no todos están tomando acción directa para paliar la situación.
Muchas de las compañeras despedidas eran además migrantes, por lo que el fin de sus contratos las encontró lejos de sus familias. Otras compañeras están ahogadas por las deudas, ya que a diferencia de las personas cis que vienen de trayectorias laborales más largas y por ende, han podido reunir condiciones más cómodas para sus vidas, las travestis recién incorporadas al mundo laboral apenas están pudiendo comprar sus primeros muebles, ropa de trabajo, computadora, teléfono, y tantas otras cosas que para el mundo cis son normales.
Desde los diferentes espacios organizados, reclaman e instan a los sindicatos a tomar cartas en este asunto, y a entender que esta problemática debe afrontarse y que los espacios que tienen respaldo deben acompañar a uno de los sectores con mayores vulneraciones de nuestro país.
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