A pesar de la represión contra ancianos y niños el pasado jueves, la comunidad de la nación Diaguita en Peñas Negras, Catamarca, sigue resistiendo la intromisión minera.
Durante esta semana la comunidad mantiene un corte en la ruta 43 por tiempo indeterminado ante la instalación por la fuerza y sin consenso de un destacamento policial y de personal de la empresa Elevado Gold para realizar tareas de exploración. La comunidad rechazó en reiteradas ocasiones la posibilidad que en sus tierras se realice actividad minera. El gobierno de Jalil mantiene diálogo con la empresa pero niega comunicarse con las comunidades. Los comuneros denuncian que los representantes el estado provincial los abandonaron y quebraron las garantías. Por ello han decidido apelar a organismos internacionales. Por ANRed.
El ataque contra la comunidad se consolidó el pasado 12 de abril en donde una operativo brutal de la infantería de la provincia por orden de la fiscal de Belén, Marina Villagra, baleó y golpeó a indígenas que intentaron detener el avance del personal minero custodiado por la policía. Entre los agredidos se pudo ver la imágenes de don Félix Escalante, de 80 años, habitante de la Comunidad de Peñas Negras recibiendo golpes.
En esta zona el gobierno catamarqueño impulsa un proyecto de exploración minera de la empresa Elevado Gold. Han lanzado un operativo para conquistar voluntades a pesar de la negativa de las comunidades.
El Ministerio de Minería de Catamarca habría renovado el permiso de exploración a la empresa a pesar que la comunidad decidió y documentó en asamblea frente a la secretaria de minería Teresita Regalado y el secretario de afirmación indígena Emmanuel Fiol, que no daba su consentimiento para el proyecto minero.
Los comuneros denunciaron que hay camionetas mineras que están eludiendo el corte de las comunidades en la ruta. Señalaron que los vehículos habrían ingresado por una reserva protegida, la Laguna Blanca. También alertaron que están ingresando más efectivos de las fuerzas de seguridad.
Ante la intrusión policial y de la minera, la comunidad realizó una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias.
