Las organizaciones sociales en conferencia de prensa denunciaron la violencia de los procedimientos a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, donde la justicia federal realizó una decena de allanamientos a comedores de movimientos sociales y casas de sus referentes.
Los movimientos sociales denunciaron que los operativos fueron “exageradamente violentos”, incluso en presencia de niños, que algunos se hicieron en la madrugada y que la policía se llevó cosas que no debía, “hasta 25 mil pesos que una compañera tenía para vivir”.
Los operativos se realizaron a integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, en el marco de una causa judicial iniciada por la marcha del 20 de diciembre, es decir cuando se hizo la primera protesta contra el gobierno.
“Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada”, expresaron voceros de las organizaciones sociales en la conferencia de prensa realizada en el día de ayer.
La abogada Rayo Alanís, que representa a los imputados del Polo Obrero, sostuvo que el ministerio hace una campaña mediática. “Los casos no son novecientos, sino doce, y no están probados”, aseguró.
Como en el expediente hay secreto de sumario, la información disponible es la que difundió la oficina de Bullrich y las respuestas que en respuestas dieron las abogadas de las organizaciones sociales —que plantean que la causa es mediática pero carece de sustancia—. Sin embargo, se filtraron a los medios una serie de mensajes de whatsapp de mujeres que pedían alimentos a encargadas de locales de las organizaciones, y a las que esos alimentos les habrían sido negados por no asistir a marchas. El tema de fondo es si se trató de casos de abusos personales o si se trata de una práctica utilizada por alguna de las organizaciones cuestionadas.
Las organizaciones sociales vienen denunciando que el gobierno de Javier Milei no entrega suficientes alimentos para los comedores populares, así como está bajando miles de programas sociales que ayuda a que personas en situación vulnerable puedan trabajar en cooperativas o subsistir.
El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita, que dispuso los 27 allanamientos en los que no se realizaron detenciones.
La causa cobró impulso en un momento en el que el gobierno de Milei está actuando a fondo para desarmar a las organizaciones sociales: desde diciembre, no envía alimentos a sus comedores comunitarios -ayer, un pedido de amparo impulsado por el Cels y la Utep tuvo un avance, al ser aceptado como un amparo colectivo-.
