Con la firma de Sandra Pettovello se oficializó lo que Javier Milei había adelantado que se iba a implementar: un mecanismo de “asistencia” para la clase media destinado a pagar las cuotas escolares de los colegios privados, ante el aumento significativo de las mismas, tras la desregulación que él mismo propició. La medida, a la que denominó “vouchers educativos”, no es otra cosa que una “beca” para financiar a las familias que ya envían a sus hijos a instituciones educativas privadas.
A través de la Resolución 61/2024, el Ejecutivo oficializó el nuevo programa que se propone “subvencionar la demanda y no la oferta” para “evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales”. Un dato que resulta llamativo cuando fue el propio Gobierno el que decidió desregular el valor de las instituciones privadas.
Pese a ello, el documento, que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, el oficialismo responsabiliza de la situación actual a la gestión anterior y expresa que el programa se implementa como resultado de la “situación económica heredada”, la cual “hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones”.
En esencia, los vouchers educativos representan un subsidio directo temporario otorgado a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, con al menos 75 por ciento de aporte estatal, siempre que el ingreso familiar no supere el equivalente a SIETE (7) salarios mínimos vitales y móviles.
Este “vale o beca” proporcionado por el Estado cubrirá el 50 por ciento del valor de la cuota programática de jornada simple de cada nivel educativo informada por cada Jurisdicción o, en su defecto, estimada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en función de casos testigo, explicita el documento.
Mientras, el desfinanciamiento a la educación pública es cada vez más notorio. Esta semana se cumplieron los primeros 100 días del Gobierno de Javier Milei y en un repaso rápido por las decisiones de vinculadas con la educación, se expone la clara intención de desfinanciar a la educación pública, en todos sus niveles: renunciar a la paritaria nacional docente; clausurar el Fonid; no aportar recursos al SAE; diluir el Fondo Educativo; ofrecer el 7 por ciento de aumento a los docentes universitarios con una inflación acumulada (oficial) de 45 por ciento; repetir el presupuesto nacional de las universidades de 2023 después de una superdevaluación que aumentó 118 por ciento el tipo de cambio; y cerrar cinco universidades por decreto.
