El ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió con Cecilia Pando y un grupo de esposas de condenados por crímenes de lesa humanidad en un acto en el que dijo que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas” por su actuación en los años ‘70. Pando y este grupo de mujeres vienen reclamándoles a Javier Milei y Victoria Villarruel que cumplan con sus promesas de campaña y liberen a los genocidas que están presos.
Esto pasó en el día de ayer. Por la mañana, Petri estuvo con las Fuerzas Armadas en Rosario. Por la tarde, asistió a un acto que se hizo en el Círculo Militar para presentar un libro sobre el coronel Argentino del Valle Larrabure por cuya muerte los sectores pro-militares pretenden sentar en el banquillo a los militantes de los años ’70. En la actividad también estuvo el obispo castrense, Santiago Olivera, quien la semana pasada estuvo reunido con Javier Milei.
Después del acto, Petri posó con Pando –reconocida desde hace casi 20 años por oponerse al avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y por haber amenazado con degollar al secretario de Derechos Humanos de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) escribió en la red social X: “El ministro de Defensa comparó el narcoterrorismo con el terrorismo marxista de los 70, en un encendido homenaje al Siervo de Dios Larrabure”. Recordemos que hace unos días presentaron el libro que usarán como prueba para avanzar en la canonización del coronel Larrabure, con un evento que se realizó en el Círculo Militar. Recordemos que Larrabure fue parte del plan sistemático ejecutado por el Estado para exterminar a la vanguardia obrera y juvenil y disciplinar a las masas trabajadoras que concentraban altos niveles de combatividad y organización proletaria, por lo que NO fue crimen de lesa humanidad. El 23 de agosto de 1975 se encontró el cadáver del oficial Larrabure. Ante esto, la autopsia determinó que había muerto estrangulado con un cordel, en la llamada “cárcel del pueblo” donde se encontraba.
Inmediatamente el Ejército difundió (con amplio apoyo de los medios cómplices) que se lo había torturado. Pero la autopsia había determinado que había ocurrido un suicidio, que ningún tercero había intervenido e incluso que Larrabure se encontraba en óptimas condiciones físicas y bien alimentado.
Pando y su marido, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, vienen reclamando que, antes de enviar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, deben liberar a los represores que aún están presos. Las cárceles están en manos del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, quien logró que Petri desembarcara en Defensa. El jefe de gabinete de Bullrich, Carlos Manfroni, escribió el año pasado que se estaba buscando una “solución” para los mayores de 70.
Ésa es, hoy por hoy, la principal apuesta de los sectores pro-represores. En esa línea se inscribe un pedido a la Cámara de Casación Federal para que evalúe en pleno si los mayores de 70 años pueden acceder automáticamente al beneficio del arresto domiciliario o si se requiere probar que sus patologías no pueden ser atendidas en dependencias del Servicio Penitenciario. La causa Larrabure es impulsada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Los organismos de derechos humanos ven que hay un juego en el gobierno que consiste en reivindicar a las Fuerzas Armadas del pasado para justificar la ampliación de facultades a las Fuerzas Armadas del presente.
