Con asambleas permanentes y cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, hace semanas que los docentes reclaman por una mejora salarial del 100% que les permita recomponer mínimamente sus ingresos y salir de la situación de indigencia a la que fueron empujados en los últimos meses por el ajuste llevado adelante por Javier Milei.
Hablamos con Ruben Ortiz, del Movimiento Pedagógico de Liberacion, docente, militante y escritor:
Un pedido desesperado que no obtiene respuesta oficial y que llevó a varios de ellos incluso a hacer huelga de hambre. Además de en la Legislatura, las manifestaciones también se replican en la Plaza 9 de Julio, donde todos los días tienen lugar marchas para solicitar alguna respuesta por parte de las autoridades.
Pero los trabajadores de la educación no son los únicos que se encuentran movilizados por las calles de Posadas. En las últimas horas, también se sumaron los profesionales de la Salud y un actor que demuestra que la situación se vuelve cada vez más delicada para el gobierno provincial: la Policía de Misiones. En la madrugada del viernes, un grupo de efectivos iniciaron una protesta frente al edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado sobre la Avenida Uruguay de la capital provincial. Quemaron cubiertas e interrumpieron el tránsito, una medida de fuerza a la que luego se sumaron efectivos retirados que, desde el lunes acamparon frente a la Jefatura de Policía sin obtener respuestas.
A partir de una denuncia del propio gobierno provincial, la Justicia ordenó que se desaloje el edificio policial por supuesto delito de sedición y pidió colaboración a Gendarmería para llevar adelante la tarea. El ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se hizo eco del pedido del ministro de gobierno local, Marcelo Pérez, y anunció la convocatoria a un comité de crisis que a última hora del viernes le otorga al gobierno provincial la facultad para reprimir el reclamo.
Ayer era un día clave en vistas a algún tipo de resolución de los conflictos. Es que el gobernador Passalacqua estaba planeando anunciar un aumento salarial que abarcaría a gran parte de la administración pública. La mesa de diálogo con los docentes, convocada podía ser la instancia elegida por el oficialismo provincial para hacer su propuesta formal, que incluiría también a policías y trabajadores del servicio penitenciario, además de personal de Salud Pública y Vialidad Provincial, entre otros. El porcentaje de la oferta, según trascendidos, iba a rondar el 20%.
¿Qué es lo que se teme? a un antecedente reciente. La Policía de Misiones ya tomó el Comando Radioeléctrico, sede actual del conflicto, y puso en jaque durante 9 días a una administración provincial hasta lograr una recomposición de haberes. Fue en febrero de 2012. En aquella oportunidad, además del Comando quedaron fuera de servicio las unidades regionales. Más de 1.500 agentes se plegaron a la medida. El arreglo llegó luego de que el gobierno de Maurice Closs otorgara un aumento del 30%.
El ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, indicó hace unos días a Infobae que, con el aumento de este lunes, un agente percibirá algo más de $470 mil. El haber ofrecido por el gobierno de Hugo Passalacqua a los uniformados está en sintonía con lo que paga el Estado misionero a otros agentes públicos. Un maestro cobrará con el último aumento $400 mil. La administración provincial remarcó que es el tercer incremento en lo que va del año y que los atendieron todos con las exhaustas arcas provinciales.
En este contexto, donde las coparticipaciones de las Provincias se ven frenadas por la decisión política del Presidente de la Nación, contener las necesidades de las provincias se vuelve cada vez más difícil…
Cuando el Comando fue tomado, la Justicia provincial se movió rápido. El fiscal René Casal y el secretario judicial Sergio Serfaty se acercaron hasta el foco de la protesta. Intentaron que los uniformados depongan la actitud. Pero no ocurrió. Los manifestantes “asumieron una conducta diametralmente opuesta a lo conversado”, ya que “se estaría convocando al personal activo a hacerse presente en el lugar”, señaló el juez de Instrucción Ricardo Balor.
El magistrado usó la experiencia del fiscal y del secretario judicial para ordenar a la Policía que desaloje. Y reclamó también el auxilio de fuerzas federales. El operativo, que se esperó durante todo el sábado y se concretó el domingo, no salió como Balor lo esperaba. Estaban poniendo frente a frente policías y familiares que forman parte de una institución que hace gala de su espíritu de cuerpo.
La decisión de la Justicia estuvo en sintonía con la primera reacción del Gobierno: deslegitimar la protesta. Pérez adelantó que todos los participantes serían acusados de delitos como sedición agravada; robo, hurto y destrucción de bienes del Estado. Aún con el operativo de despeje infructuoso, la administración provincial insistió con mantener vivo ese camino. Además, un delito de acción pública no puede quedar en cero una vez que se denunció.
En sintonía, se conformó un comité de crisis. Al frente estarían la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Passalacqua. Además del envío y coordinación de un contingente de Gendarmes, el comité no tuvo otra acción conocida.
La actuación de fuerzas federales crispó aún más los ánimos. Y multiplicó la presencia de manifestantes en el Comando Radioeléctrico. Este lunes por la mañana, personal de salud sacó de circulación ambulancias del sistema de respuesta rápida 107. Las estacionó junto a los patrulleros inmovilizados desde hace días. En paralelo, un grupo de docentes cortó la Ruta Nacional 12 a la altura de Santa Ana, localidad ubicada muy cerca de Posadas, hacia el Norte.
Y hasta intervino la Iglesia. Los sacerdotes Marcos y Fabián Szyszkowski celebraron misa frente al Comando.
Hay que recordar que el conflicto policial misionero de febrero/marzo de 2012 fue la antesala de la revuelta de gendarmes que tomaron el Edificio Centinela en Buenos Aires. Como correlato, un año después, la Policía cordobesa iniciaba la seguidilla de paros policiales que paralizó el servicio de seguridad en 20 provincias y que tuvo un saldo luctuoso de 18 personas muertas y, además, pérdidas millonarias.
En la provincia de Misiones, donde se desarrolla el 90 por ciento de la producción nacional de yerba mate, hay cerca de 200 mil hectáreas destinadas a este cultivo. Algo así como la superficie que ocuparía la Ciudad de Buenos Aires, multiplicada por diez. Esta crisis comenzó con el desmantelamiento de la comunidad yerbatera, y el desempleo nacional que se reemplazó por la compra de yerba importada. El contexto nacional, hace propicio esta crisis en la provincia, que supo encontrar la unidad para hacerle frente.
