La Administración de Parques Nacionales, que cuenta con 120 años de historia y protege más de 18 millones de hectáreas de naturaleza en todo el territorio argentino, está en alerta.
En los últimos días fueron despedidos 80 trabajadores y trabajadoras durante Marzo que cumplían roles importantísimos para la conservación, el turismo sostenible y la educación ambiental. Además se anunció el despido de 250 personas más para el mes de junio. Según el Gobierno nacional, los despedidos cumplían mal sus funciones y se alegó que todos habían entrado a trabajar en 2023. Quien está al frente al Parques Nacionales es el aún no designado –pero que se presenta y trabaja como tal– Cristian Larsen, un hombre de Patricia Bullrich y yerno de Hernán Lombardi, ahora libertario: en 2020 le hizo juicio al Estado porque no le gustó haber sido despedido de la Radio y Televisión Argentina (RTA) cuando el macrismo perdió las elecciones y asumió el peronismo, a pesar de que tenía un cargo político.
La mayoría de los despidos fueron en Casa Central –Buenos Aires– y en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), además de los Parques El Palmar (Entre Ríos), El Impenetrable (Chaco), Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), Islas de Santa Fe (Santa Fe), Leoncito (San Juan), Bosques Petrificados de Jaramillo (Santa Cruz), Arrayanes (Neuquén) y Los Alerces (Chubut).
Parques Nacionales tiene unos 550 guardaparques y 430 brigadistas de incendios forestales (estos últimos no son de planta sino contratados, al igual que el sector administrativo). Los cesanteados son técnicos, administrativos y profesionales. El resto de los contratos se extendieron hasta el 30 de junio. Todo indica que habrá más cesantías bajo la premisa de que los trabajadores estatales son ñoquis y de que la planta está sobredimensionada en todas sus áreas. El concepto neoliberal del “Estado mínimo” no es para Javier Milei un horizonte teórico, sino un objetivo concreto que combina en este caso con el negacionismo de la ultraderecha mundial hacia el calentamiento global.
Por otro lado, gran parte de la Patagonia podrá quedar este invierno al borde del colapso por el desfinanciamiento, los despidos masivos y la inoperancia de la Casa Rosada que impiden a Vialidad Nacional (VN) poner en marcha el plan de trabajo que cada año mantiene despejadas de hielo, nieve y rocas a todas las rutas nacionales y pasos fronterizos desde Tierra del Fuego hasta el sur de Mendoza.
El Plan comprende una compleja articulación de organismos nacionales, provinciales y hasta municipales que se planifica desde diciembre y ocurre entre abril y octubre para mantener operables unos 8000 kilómetros de rutas para el transporte nacional e internacional de mercancías y personas, el abastecimiento de ciudades y poblados, la circulación segura de turistas y, principalmente, la Seguridad Vial indispensable para la preservación de la vida de millares de personas.
Este dispositivo que garantiza la producción, la seguridad vial y la vida cotidiana de centenares de miles de patagónicos será paralizado este año por la persistencia del Gobierno nacional en destruir el Estado desde adentro, sin medir las vidas que afecta y pone en peligro. La prórroga del presupuesto 2023 sin actualización deja al Operativo Invernal con solo un tercio de los fondos necesarios.
