El paro general convocado por la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores fue contundente y el gobierno nacional le pidió a la gente que vaya a trabajar.
Ayer a la mañana habló en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se refirió a la medida de protesta como “el paro de la debilidad”, pero le pidió a los y las trabajadoras que vayan a trabajar porque “hay medios de transporte, colectivos para que puedan viajar, utilicen su auto, moto, bicicleta porque el país necesita que trabajemos”.
En Buenos Aires colectiveros de la empresa Dota denunciaron aprietes de la patronal para subir a los coches. El propio gobierno a través del secretario de Transporte, Franco Mogetta, afirmó que descontarán el día a las empresas que no hayan presentado servicio. “Hasta el día de hoy se venían financiando estas huelgas, el gobierno nacional actual ha decidido que esto no va a seguir siendo así. No se va a pagar el día a las empresas que no presten el servicio”, agregó.
“Por primera vez en la historia la secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten sus servicios”, amenazó el funcionario que estuvo acompañando a la ministra de Seguridad en la rueda de prensa.
El juez laboral nacional José Ignacio Ramonet dijo que las empresas de colectivos no están obligadas a brindar el 50 por ciento de sus servicios por el paro general. Lo hizo al ratificar que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 está invalidado en su capítulo laboral donde se establecía esa prestación.
Cabe destacar que la actitud de DOTA responde a la interna sindical de la UTA, el gremio que conduce Roberto Fernández y que había solicitado “preservar el derecho de libre ejercicio de la huelga de la totalidad de los trabajadores de la empresa del Grupo Dota”. El magistrado resaltó que “el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores /as que pueden ejercer con independencia de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales”.
Por otro lado, los 1600 hospitales y 6 mil unidades sanitarias del país amanecieron ayer con los pasillos vacíos. Solo se cubrió la atención de emergencias e internados, respondiendo a la convocatoria de Fesprosa y otros gremios que nuclean a los trabajadores de la salud pública. María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), declaró que “esta es la respuesta del medio millón de trabajadores de la salud a la política del gobierno de eliminar derechos como la estabilidad, el salario digno, las asambleas en el lugar de trabajo o la huelga”. Boriotti agregó que esta medida también “es la respuesta al recorte de los programas, entre ellos el de prevención del embarazo adolescente y, en general, a la política de precarización que lleva adelante el gobierno nacional”. Un ejemplo de las políticas que menciona la presidenta de Fesprosa son los descuentos masivos de salarios a los 5 mil trabajadores del Hospital Posadas, a quienes además se los amenaza con incluirlos en las futuras listas de despedidos del Estado Nacional.
El contador de la cantidad de millones de pesos perdidos en las pantallas de televisión ayer, daban muestra de la puja del oficialismo por confrontar con los trabajadores y los sindicatos. La huelga de la central obrera afectó al transporte, hospitales, escuelas, comercios y bancos, con algunos servicios funcionando con cronograma especial. Sin embargo fue con el transporte el mayor cruce visible del Gobierno, donde primero salió Bullrich, y luego estuvo picante cruce entre Luis Caputo y Pablo Moyano por redes sociales.
La actividad aérea fue totalmente nula en el Aeroparque Jorge Newbery, mientras que en el aeropuerto internacional de Ezeiza sólo operaron algunas líneas aéreas. Asimismo, se registró un paro de actividades en trenes, subtes y la gran mayoría de líneas de colectivos.
La Policía de la Ciudad informó que detuvo a doce personas acusadas de “amenazar y extorsionar a trabajadores de empresas de transporte” que no adhirieron al paro convocado por la CGT. Sumado a esto, en el interior de un vehículo se incautaron un palo de madera, un cuchillo y una vara de metal extensible.
El paro general convocado por las tres centrales en todo el territorio nacional en repudio a las políticas económicas del Gobierno y al avance de la Ley Bases en el Congreso tuvo su capítulo en Mar del Plata, donde cerca de 60 gremios adhirieron a la medida de fuerza.
En conferencia de prensa, las centrales obreras (Confederación General del Trabajo) trazaron un balance positivo de la huelga que se extendió durante todo el jueves, mientras se pudo observar un acatamiento al paro del 70%.
El conflicto entre el gremio de los municipales y el Ejecutivo sumó nuevos capítulos esta semana, en lo que es una historia con final incierto.
El último miércoles, el STM (Sindicato de Trabajadores Municipales) se movilizó entre las 8 y las 11 en las puertas del Palacio Municipal -al día siguiente, además, se plegó al paro general de las centrales obreras- para reclamar el tratamiento de la negociación paritaria. Exigen una recomposición del 35%, mientras que el gobierno no se corre del 10%.
En conferencia de prensa, Montenegro no sólo no cedió en su postura, sino que anticipó que les descontará las tres horas a aquellos empleados que abandonaron sus puestos para participar de la concentración. Aunque dio a entender que no tomaría la misma medida con los que se sumaron al paro general de ayer.
En otro pasaje, criticó duramente el nuevo convenio colectivo de trabajo de los municipales. El jefe comunal lo tildó de “disparatado”, ya que se permite que los cargos en la comuna sean “heredados”, como un “título de nobleza”.
Días atrás, en paralelo a la movilización y a la adhesión a la huelga general, el STM presentó una medida cautelar ante la Justicia para dejar sin efecto los descuentos que instrumentó el Ejecutivo a los empleados de la comuna que pararon el 4,5 y 6 de abril pasados.
También solicitó suspender la eliminación del premio por presentismo, que equivale a 5 días de licencia por cuatrimestre con goce de sueldo, para los trabajadores que hayan participado de alguna medida de fuerza. Y pidió aplicar una multa a Montenegro y a Mauro Martinelli, el secretario de Legal, Técnica y de Hacienda por “práctica desleal”. La demanda recayó primero en el Tribunal del Trabajo Nº4, que se declaró incompetente. Y lo mismo sucedió días después con el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2, por eso las actuaciones fueron elevadas a la Suprema Corte bonaerense, que deberá definir en dónde se tramitará la causa.
