En la previa de lo que se anticipa será una multitudinaria marcha universitaria, el Gobierno Nacional volvió a prometer un aumento de partidas para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, uno de los reclamos que se realiza desde el sector.
Esta mañana, el vocero Presidencial, Manuel Adorni recordó que la semana pasada se había acordado un aumento del 70% en las partidas para gastos de funcionamiento de marzo. “Habrá otro 70% de ajuste en mayo” dijo en conferencia de prensa y agregó que “se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos”.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitaria Nacional (CIN) respondieron por redes sociales que no se trató de un acuerdo sino “de un anuncio del gobierno”. Además, resaltaron que los incrementos necesarios en las partidas presupuestarias tienen que alcanzar para “gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras”.
Adorni indicó que el gobierno, “como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal”. Y concluyó: “Lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares como son las universidades y con la importancia que revisten sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio. Eso no lo vamos a permitir”.
El presupuesto para 2024 es el mismo que en 2023, a pesar de que la inflación fue de 211%. Es por ello que desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba advirtieron que a las universidades nacionales ubicadas en la provincia le quedan 43 días de presupuesto.
“Hola a todos…!!! A ver, me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar…”, así twiteó el presidente Javier Milei este sábado 20 de abril. Luis Caputo se sumó este domingo twiteando que “la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche (por la marcha) es porque ven afectado su negocio”.
Tweets que contrastan con lo que recorre estas semanas: centenares de clases públicas, abrazos simbólicos y aplausazos, en torno a reconocidos hospitales universitarios, facultades, centros de investigación y un sin fin de construcciones colectivas y de excelencia en la sociedad argentina. Todo lo cual cuenta con un amplio reconocimiento internacional (como lo muestran los rankings) y también dentro de nuestro país.
Vale decir que las universidades públicas son casi todas nacionales y dependen del presupuesto público nacional, a diferencia del resto de los niveles educativos que fueron provincializados por Menem en la década de los ’90. Este presupuesto fue en 2023 de 1.4 billones de pesos, vastos recursos que podrían ser malversados en cualquiera de los puntos de la cadena en que son gastados anualmente. En todo caso, según las auditorías internas y la externa de la AGN, los datos concretos de corrupción en las universidades son mucho menores a otros ámbitos en que lo privado y lo público se entrelazan para chupar los recursos del estado y generar negocios espurios. Por ejemplo, los negocios espurios del actual ministro de economía Caputo en la forma en que tomó y usó los 45 mil millones de dólares del FMI con las empresas más grandes del país. Por ejemplo, en los negocios conjuntos de sectores del poder judicial con los narcos y la policía. Y, sin embargo, el reclamo no es quedarnos sin ministerio de economía, sin poder judicial o sin policía, sino mejorar estas instituciones y acabar con esos negocios espurios. Congelar el presupuesto 2024 al nivel del 2023 es reducirlo en un 72%. Los aumentos del 70% anunciados (no concretados aún) por el gobierno sobre los gastos corrientes, representan un incremento de menos del 5% sobre el total, es decir una disminución del 67% que haría de todas maneras imposible pagar aún los servicios más mínimos como el agua, la luz y el gas.
Justamente, una de las banderas de la marcha del 23 es “Cuidemos lo que funciona”. En esta consigna coinciden las actuales autoridades universitarias y las conducciones gremiales de docentes, no docentes y estudiantes. Y coinciden hasta cierto punto el “pueblo raso” de las universidades, les estudiantes y les docentes “ayudantes” a cargo del dictado en los cursos. En este último caso se pide, además, hace años, que haya salario para todos los docentes ad honorem, que en el caso de la UBA son más de 20 mil. Se piden comedores estudiantiles y apoyo para el transporte y los materiales de estudio. Se pide democratizar la forma de gobierno para que el poder de decisión no esté monopolizado por el pequeño sector de “profesores titulares concursados” y por esta vía que las designaciones no sean “cotos de caza”. Se pide la participación sobre el manejo de las obras sociales universitarias. Este “pueblo raso” fluctúa entre pedir a las autoridades o autoconvocarse en asambleas y comisiones de base.
La batalla, en definitiva, sí implica resolver si la universidad pública podrá sobrevivir dignamente a este ataque. Las características básicas de la universidad pública y gratuita, científica, pluralista, crítica, de calidad, están en cuestión. La existencia misma de esa universidad arraigada en las tradiciones argentinas está en cuestión. Aunque el presidente retwitee (siguiendo a @lacha) que esta universidad:
1) No está en riesgo
2) El presupuesto aumentó
3) Marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico
Los hechos desmienten que la universidad no esté en riesgo, que el presupuesto haya aumentado y que la marcha sea “contra una auditoría”.
Las organizaciones universitarias acordaron las siguientes condiciones:
Marchar o movilizar en cada universidad del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública
Garantizar representación nacional en la marcha de Buenos Aires.
Se elaborará un documento común que será leído y circulado en el acto central y en todo el país.
Las tres centrales obreras – CGT, CTA Autónoma, CTA de lxs trabajadorxs – acompañan la marcha nacional universitaria.
Se convoca a la comunidad científica a sumarse a la marcha.
Por el recorte presupuestario a la UBA, ya hay facultades que funcionan sin luz, sin ascensores y sin calderas
Cortes de luz programados, ascensores que no funcionan, aires acondicionados o calderas que no se prenden. Ese es el panorama que se vive en varias facultades dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a raíz de los recortes presupuestarios ejecutados por el gobierno de Javier Milei.
Se convoca a legisladoras y legisladores de todo el arco político y de todos los niveles del Estado a sumarse a la marcha.
Se convoca a los organismos de DD HH a sumarse a la marcha.
Se convoca a todas las organizaciones estudiantiles secundarias y terciarias a sumarse a la marcha
Se convoca a la ciudadanía toda a una gran campaña nacional de defensa de la universidad pública
CONADU Histórica – CONADU – FEDUN – CTERA – FAGDUT – UDA – FUA – CIN
A tono con otros organismos de la administración pública, desde el Hospital de Clínicas advierten que por falta de fondos solo podrán funcionar hasta mayo. La institución, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, solo tiene presupuesto suficiente para un mes más y las alertas se encienden entre quienes lo administran, así como en toda su comunidad de profesionales y pacientes. De no mediar refuerzos por parte del gobierno de Javier Milei -con una inflación interanual de 287 %-, la institución que hace un siglo y medio de historia se dedica a la asistencia, la docencia y la investigación podría cerrar sus puertas.
El Hospital de Clínicas, en buena medida, atiende individuos que muchas veces no tienen acceso al sector privado (el 50 % no dispone de cobertura social) y aproximadamente un 30 % de los pacientes son jubilados con cobertura PAMI. La institución recibe las consultas de 365 mil personas y realiza 9 mil intervenciones quirúrgicas. Todos los días, entre profesionales, administrativos, pacientes y familiares, 10 mil personas caminan sus pasillos e ingresan a sus salas. Se trata del mejor hospital público nacional y uno de los mejores de Latinoamérica, de acuerdo al ranking confeccionado por Hospirank. De hecho, se destaca por aspectos como la capacidad de diagnóstico y la infraestructura quirúrgica. Sin embargo, ante la falta de presupuesto, la calidad de atención se reduce de manera notable.
La idea de prorrogar en 2024 el presupuesto de 2023 obedece, según los argumentos que utiliza el ministerio de Economía, a lograr el déficit 0. La premisa subyacente es la existencia de un Estado ineficaz que despilfarra, que debe ajustar sus cuentas y despedir a aquellos trabajadores que sobran. Lo que, por el contrario, la motosierra del gobierno no tiene en cuenta es el rol fundamental que cumplen la mayoría de los organismos que busca arrasar.
Esto trae una interna, entre CABA y Nación: El gobierno porteño formalizará en la tarde del lunes la autorización de la marcha universitaria. Con ese paso, el tándem entre el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, completarán el trámite iniciado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional.
El gran problema es la irrupción en la escena de la ministra Patricia Bullrich que, supuestamente, desplegará a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria sin tener facultades. Lo que corresponde es que las fuerzas federales custodien los edificios federales -el Congreso, la Casa Rosada, la Catedral-, de las verjas hacia adentro, no hacia afuera. Sucede que utiliza como argumento que “el gordo Mortero tiró desde 200 metros” (Sebastián Romero, el dirigente que disparó en 2017 contra la policía con un arma casera, dijo que “los delincuentes estaban dentro” de la Cámara, “votando una estafa”), por lo que considera que puede expandir su área de intervención, llenando de efectivos la Avenida de Mayo, a seis, ocho o diez cuadras del Congreso o la Casa Rosada.
El Gobierno destinó todo el fin de semana con sus principales alfiles y el ejército de trolls volcados al combate de la convocatoria en el territorio digital. Hubo fakes y una nueva campaña de desprestigio y deslegitimación sin tregua. Intervenciones de Milei, de Luis “Toto” Caputo, del subsecretario de Educación, Alejandro Álvarez, y el agite de la amenaza aún en pie del protocolo anti-piquetes para salir a cazar.
