El Concejo Deliberante tuvo a partir de las 10 su primera sesión pública ordinaria tras el primer encuentro del año que fue al inicio de este mes, con la presencia en el recinto del intendente, Guillermo Montenegro, y su discurso para trazar objetivos de gestión.
En este primer encuentro, en el marco de un orden del día que tiene más de 400 iniciativas a atender, para los concejales aparece como definición central la resolución que adoptarán en cuanto al ajuste del valor del boleto de colectivos que permanece pendiente.
La nota de particulares que lleva la firma de la Cámara de Empresas del Transporte de Pasajeros (Cametap) reclama el incremento de la tarifa del boleto del servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon. La iniciativa ya pasó por las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación y ahora quedará sujeta a debate de la totalidad del cuerpo. En esa comisión ya se votó mayoritariamente la moción de transferir al intendente la decisión final de nuevo valor.
El Presidente de la comisión de movilidad urbana es el concejal Guillermo Volponi. La última presentación presentada por la Cametap ante el Concejo Deliberante elevó el pedido de un boleto plano de 1071,35 pesos, casi tres veces más de lo que se paga en la actualidad. A comienzos de este año ya aseguraban que para que el servicio sea rentable debería aumentar a 845, 46 pesos. Para entonces, desde la Comisión de Movilidad Urbana, se evaluaba un informe técnico del Ejecutivo que arriesgaba una nueva tarifa de 690,97.
Se aguarda entonces este voto favorable del oficialismo para que sea el intendente quien determine la nueva tarifa y, en virtud de la demora en resolver el planteo de los empresarios, que el nuevo valor comience a regir a la brevedad. “Quizás antes del fin de semana”, comentaban en pasillos del municipio en las últimas horas.
Otro de los temas importantes del día de hoy, es que mientras persiste la incertidumbre por 51 puestos laborales y la asistencia a centenares de personas, las y los trabajadores del Centro de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social −hoy Ministerio de Capital Humano− de Mar del Plata se presentaron en la sesión del Concejo Deliberante y expusieron el “costo político y social” que tendrá en la ciudad el cierre del espacio que asistía a miles de personas: “Hay 33 mil familias que se quedan sin un plato de comida”. Desde entonces, quienes trabajaban en las distintas dependencias nacionales que funcionan allí −como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Centro de Acceso a la Justicia, Desarrollo Social o Inadi−, salieron a visibilizar su reclamo por la total incertidumbre sobre 51 puestos de trabajo pero también por todo lo que implicará el cierre de un espacio que garantizaba que miles de familias vulnerabilizadas de General Pueyrredon pudieran acceder a derechos básicos y esenciales. En esa línea, también se preguntó “a dónde van a ir los 14 mil pensionados con discapacidad de Mar del Plata a hacer una consulta o reclamo” ante el cierre del dispositivo.
Recordamos que la “Banca 25” faculta a los ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales a utilizar este canal institucional para su expresión, acercándolo a la decisión en el sistema político y de gestión.
Actualización 16h
El Concejo Deliberante le otorgó las facultades al intendente de fijar la nueva tarifa plana. Unión por la Patria, el Frente Renovador, Acción Marplatense no acompañaron los expedientes. Mientras que Crear más libertad se abstuvo y el oficialismo (Pro, UCR, CC-ARI) acompañó.
