El Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos a la tierra y al territorio de los Pueblos Indígenas. Atentar contra ellos es retroceder en materia de derechos humanos, como intenta hacer el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto la sesión de tierras a comunidades indígenas. El diputado y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, presentó a fines de marzo un proyecto que busca derogar la Ley 26.160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de sus tierras.
El decreto que resguardaba los derechos sobre sus territorios había sido firmado en la gestión de Alberto Fernández, en el año 2021, y suspendió el estado de emergencia que existía desde el 2006.
Esta iniciativa dejaría sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre sus tierras, desacreditaría sus derechos e implantaría la nulidad de “cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas”.
El vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”. “Estamos hablando de un proceso violento y genocida que ocurrió hace 145 años, cuando los abuelos de Pichetto ni siquiera estaban en Argentina. Creo que es un proyecto inconstitucional y violatorio de los derechos adquiridos”, expresó Carriqueo. Asimismo, declaró que, con este proyecto, Pichetto “incumple con la obligación que tiene el Estado argentino para con los pueblos indígenas” y que, en realidad, “esconde el extractivismo” con un “claro tinte racista”.
Actualmente, el Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas.
La Ley 26.160, que se intenta derogar con este proyecto, fue inspirada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas”. (NA)
La norma fue sancionada en 2006, bajo estado de emergencia por cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras, fue prorrogado en reiteradas oportunidades hasta la actualidad. La lucha de los Pueblos originarios busca que la propiedad comunitaria sea ley, pues la prórroga no siempre resolvió los conflictos territoriales. No obstante, es una herramienta jurídica con la que las comunidades pueden defenderse ante los desalojos.
Mientras, en la misma línea que se ve potenciada por los discursos negacionistas del gobierno actual, vandalizaron el monumento al Malón de la Paz que se encuentra en el parque de los Andes en Chacarita. Este sábado, se pudo ver en una de sus esculturas la mutilación de un brazo. El trasfondo político es no cumplir ni con la Constitución Nacional ni con el Convenio Internacional 169 de la OIT para apropiarse de los bienes comunes que están en los territorios Indígenas.
El monumento en Chacarita fue realizado en homenaje al Malón de la Paz que protagonizaron comunidades Kollas de Salta y Jujuy cuando caminaron tres meses hasta llegar a Buenos aires en 1946. En ese lugar se realizan las ceremonias Indígenas desde la década del 80.
Está situación de vandalismo no es la primera, como tampoco las denuncias y advertencias al gobierno de la ciudad, sin embargo, la destrucción es progresiva, lentamente lo estaban destruyendo.
