El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron en una camioneta de la Cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura.
La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
La denuncia a los legisladores de la Libertad Avanza y a los penitenciarios que fueron a visitar a los genocidas fue formulada por el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Será investigada por el magistrado Ernesto Kreplak. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la ministra Patricia Bullrich siguen sin precisar concretamente quiénes fueron al penal de Ezeiza, con quiénes se entrevistaron ni por qué motivo.
La visita de los legisladores a los genocidas no fue fácil de explicar para el SPF, que depende de Patricia Bullrich. Los pedidos de explicaciones de los tribunales federales se iniciaron en plena feria judicial, cuando el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz– a averiguar cómo se había gestado la excursión a la cárcel.
Obligado le pidió informes a Bullrich. La ministra demoró la respuesta casi una semana, pese a que el magistrado le había dicho que el requerimiento tenía carácter de urgente. En el ínterin, Bullrich salió a respaldar a los diputados que deambularon por la Unidad 31 de Ezeiza y a atacar a Slokar, a quien acusó de no tener la “misma vara” para todos. Esto generó la reacción de los organismos de derechos humanos, que respaldaron al camarista.
Cuando llegó la contestación al TOF 5, la sorpresa fue grande porque no vino con la firma de Bullrich ni con la del titular del SPF, Fernando Martínez. El jefe penitenciario optó por un perfil bajísimo después de que se filtraran chats en los que Benedit –organizador de la comitiva a Ezeiza– lo describió como un “excelente colaborador”, lo que daba cuenta de que se había forjado un vínculo entre ambos.
El subdirector del SPF, Diego Morel, le envió un oficio a Obligado en el que lo único que decía era que los diputados habían estado en la cárcel siguiendo las normativas y que habían ingresado el 11 de julio. Ni quiénes eran los diputados que habían entrado ni con qué represores se habían entrevistado.
El abogado querellante Pablo Llonto pidió que se iniciara una investigación. Lo respaldó el fiscal Félix Crous. Ambos sostienen que hay algo que no cierra con la explicación que habían dado dos de las diputadas que fueron a Ezeiza: según Bonacci y Arrieta, habían llegado engañadas, sin saber que iban a ver a los torturadores de la última dictadura. Arrieta, conocida por haber aparecido en una comisión con un patito en la cabeza, llegó a decir que ella no sabía quién era el exmarino porque había nacido en 1993.
A partir de esas declaraciones, Llonto entendió que se habría violado lo que establece el decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad) en su artículo 8. Allí dice que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta. Esto quiere decir que el detenido debe saber quién quiere visitarlo y, de esa forma, prestar su consentimiento. Si Bonacci y Arrieta no sabían a quienes iban a ver, mal podrían haber hecho el pedido de autorización para la entrevista. Y menos aún podría Astiz haber consentido el encuentro.
El fiscal Crous también advirtió que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario. En esa línea, si esa documentación no estaba, tanto integrantes del SPF como legisladores podrían ser responsabilizados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o falsedad ideológica.
El defensor Guillermo Jesús Fanego estalló de ira con las presentaciones de Crous y Llonto. Él, como abogado de Adolfo Donda y de Alberto González –el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel– reclamó que se desechara los planteos de la querella y de la fiscalía. Obligado decidió formular una denuncia penal para que se investigue la justicia federal de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. El caso estará en manos del juez federal Ernesto Kreplak.
Por su parte, en la cámara de diputados se pedirá la expulsión de los diputados que participaron en la visita a Astiz. Si bien el tema no está incluido formalmente en el temario de la sesión de mañana de la Cámara baja, ocupará un lugar central del debate. La oposición aprovechará la presencia de todos los legisladores y las cámaras en el recinto para que el oficialismo dé cuenta del encuentro con los genocidas. Y en ese marco la diputada Gisela Marziotta pedirá que se trate el proyecto que presentó ni bien trascendió el hecho y que pide la expulsión del cuerpo de los seis diputados que estuvieron con los condenados por crímenes de lesa humanidad.
El pedido de exclusión de los legisladores de LLA está fundado en el hecho de que incurrieron en “actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”. La solicitud va en línea con lo que reclamaron los organismos de derechos humanos en la audiencia que tuvo lugar en el anexo de Diputados, en la que brillaron por su ausencia los representantes de la oposición amigable y del oficialismo.
El proyecto de Marziotta fue acompañado por otros 27 legisladores y va en paralelo a la formación de una comisión que pidió la mayoría del bloque de Unión por la Patria. Como no fue incluido en el temario este miércoles, la diputada presentará al comienzo de la sesión un pedido de apartamiento del reglamento para tratar directamente la expulsión. Para habilitar su tratamiento se requiere el voto de dos tercios de los diputados.
En sus fundamentos, los diputados que lo impulsan el proyecto advierten que la visita a los genocidas “resulta de suma gravedad” y subrayan: “Representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad.”
Se solicita la exclusión de ellos diputados y diputadas conforme lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 66. “La doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida más grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros. Que los motivos que dan lugar a esta medida pueden ser la comisión de delitos, pero también, según los precedentes de esta misma Casa, las declaraciones públicas, participación en escándalos públicos o privados de trascendencia pública o por desorden de conducta pueden motivar la expulsión”.
El proyecto señala que “los hechos descriptos al inicio encuadran en esos supuestos que la Cámara supo utilizar para decidir expulsión de sus miembros” y que también “importa recordar medidas similares que tomaron sobre diputados electos que tuvieron responsabilidades en delitos de lesa humanidad. Fueron los casos de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti, a quienes se le impugnó su diploma por sus antecedentes criminales y no pudieron asumir la banca”.
