¿Cómo siguen las cosas ahora? Como la Cámara alta aprobó el texto pero con modificaciones, ahora debe volver a Diputados para su revisión. Si la Cámara baja las acepta, la ley queda sancionada y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Si rechaza las modificaciones e insiste en su redacción original, necesita la mayoría absoluta de sus miembros (⅔ de los representantes), en cuyo caso el Senado debe volver a votar el proyecto. También puede aceptar algunas modificaciones y rechazar otras.
En medio de amenazas, cambio de votos por cargos y represión a los manifestantes en las afueras del Congreso, el gobierno logró la aprobación en general de la ley Bases en el Senado, aunque con modificaciones en el RIGI, las privatizaciones y la continuidad de la moratoria previsional. La votación terminó 36 a 36 y la que desempató fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que justificó el voto y la represión callejera, aún cuando no le correspondía dar un discurso en su rol según reglamento.
El gobierno de Javier Milei anticipó que avanzará de cualquier manera con la venta de las empresas estatales que ayer fueron excluidas del listado de privatizaciones negociado con senadores de la oposición, para conseguir la aprobación de la Ley Bases. Francos aclaró que si bien esas empresas quedaron afuera del listado de privatizaciones incluido en la Ley Bases, el oficialismo intentará por otros carriles venderlas del todo o en parte.
La maniobra privatizadora será, entonces, a través de nuevos proyectos que intentarán sumar el apoyo de socios políticos y eventuales aliados en las provincias.
Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado fueron las estatales que La Libertad Avanza resignó del listado de empresas a vender. De esta manera, las que por la Ley Bases sí correrán la suerte de privatizarse o concesionarse serán AYSA, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE y Energía Argentina.
Pero este no será el único tema en el que el Gobierno intentará recuperar terreno según Francos, y citó como ejemplo “Ganancias y bienes personales”. Como la ley volverá a Diputados para cerrar definitivamente los cambios incluidos en el texto aprobado anoche, Francos anticipó que la idea es también recuperar terreno.
Tras darle luz verde a la Ley Bases y al Paquete fiscal en general, la Cámara de Senadores eliminó los capítulos de Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias, que eran puntos centrales del programa que promovía el Gobierno Nacional. Ahora el oficialismo solo puede revertir ese revés si logra que la Cámara de Diputados insista con la sanción original del proyecto con la misma mayoría con lo cual se rechazaron estos dos capítulos.
Las facultades delegadas finalmente salieron a favor del gobierno. Gadano (que fue la Senadora que confundió el voto negativo por positivo) y Carambia, después de votar en general, se fueron del recinto. Blanco, que se esperaba que votara en contra de las facultades delegadas, votó a favor. Lousteau y Abad, tal como habían adelantado, votaron en contra. La votación quedó 35 a 35 y volvió a desempatar Villarruel. En los palcos, miraba con atención el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Uno de los principales negociadores durante los últimos meses.
El Senado aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos.
El RIGI fue acompañado por tres senadores: Guillermo Andrada, Senador del Frente Nacional y Popular(Catamarca), Carolina Moisés, Senadora Nacional por Jujuy de Unión Por La Patria y Sandra Mendoza, Senadora Nacional del Bloque: Frente Nacional y Popular. Por lo tanto, el oficialismo alcanzó los 38 votos positivos.
Una de las modificaciones clave recayó en el artículo 165. El oficialismo agregó al petróleo, gas, siderurgia y turismo como actividades que podrán participar del régimen de supuestas grandes inversiones, siempre y cuando cumplan los requisitos del régimen. Estas ramas se sumaron a la infraestructura, energía, tecnología, forestal y minería que ya figuraban en el texto que tenía media sanción de Diputados.
Los proveedores locales que participen del régimen tendrán un beneficio del 20 por ciento de la totalidad del monto de inversión, “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”, según se aclaró.
Otra de las modificaciones se activó en el artículo 196, que versa sobre los incentivos cambiarios.
A esos dos cambios se le sumó otro que apunta a “proteger” al Estado argentino frente a posibles denuncias en tribunales internacionales. Se votó que la autoridad de aplicación tendrá 45 días para decidir si aprueba o no un pedido de adhesión al régimen. Los períodos contemplan la posibilidad de retrasos frente a la posibilidad de que los administradores analicen con los inversores la posibilidad de incluir variaciones en la documentación.
