Tras intensas negociaciones y un trabajo de persuasión libertaria, el oficialismo en Argentina logró conseguir las firmas necesarias para llevar adelante la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.
Esto se dio luego de una jornada de incertidumbre y contrarreloj, donde se barajaron distintas posibilidades y se contaba cada voto con precisión.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, jugó un papel fundamental en este proceso, asistiendo al Congreso para lograr el respaldo necesario de los senadores dialoguistas.
Gracias a estas gestiones, los libertarios reanudaron las reuniones y elaboraron el dictamen de mayoría, abriendo la posibilidad de planificar una sesión en el recinto para el próximo 12 de junio.
Entre los senadores clave que se sumaron al apoyo del oficialismo se encuentran Edgardo Kueider, Guadalupe Tagliaferri y José María Carambia, quienes tras reunirse con los negociadores del gobierno, terminaron firmando el dictamen. Estas adhesiones fueron determinantes para asegurar el avance de los proyectos en cuestión.
El paquete fiscal, que incluye medidas para restituir fondos a las administraciones provinciales, deberá esperar su turno, pero se vincula estrechamente a la suerte de la Ley Bases. Nación se comprometió a otorgar más fondos a las provincias si estas respaldan la mencionada ley, generando un escenario de interdependencia entre ambas iniciativas.
El trabajo de Francos y su equipo fue fundamental para el oficialismo alcanzar este triunfo legislativo libertario, contando con el respaldo de senadores federales y del radicalismo.
Con la mira puesta en el debate por la reforma fiscal, se espera que ambos proyectos sean votados en el recinto en las próximas semanas, consolidando así la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei.
Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:
1- Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.
2- Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.
3- La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.
4- Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.
5- Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: autonomía provincial para definir si adherirse, proveedores con mercadería importada deben facturar, inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
En cuanto a la reforma fiscal, ancladas en el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se incorporaron:
1 – Figura del monotributo social.
2 – Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.
3 – Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.
El nuevo gobierno está realizando reformas claves en medio de la polarización que existe en Argentina.
