A dos días de la brutal represión y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron en las inmediaciones del Congreso cuando se aprobó la Ley Bases, todavía hay varias personas que siguen demoradas y a disposición de la justicia federal.
La causa fue iniciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich e impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, que incluye delitos como sedición y terrorismo. Los organismos de derechos humanos denuncian que se trata de una causa armada y que se los acusa de delitos que no cometieron.
Silvia, madre de Camila Juárez, una de las personas detenidas, denunció la arbitrariedad de la detención y pidió difusión y acompañamiento en este caso. “Las cazaron, literalmente, en 9 de Julio y Chile, o sea a más de 20 cuadras del Congreso”, denunció la mujer sobre la detención de su hija en manos de la policía motorizada.
“Estamos acá un montón de compañeros bancando. Las estuvieron paseando toda la noche arriba de un móvil y le habían dado una botella de agua mineral para siete personas. Las condiciones en las que están son deplorables y siguen en ese mismo contexto, tiradas en el piso, esposadas”, resaltó.
Camila tiene 33 años, es estudiante de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de San Martín. Además, integra la Comisión de Familias y Mujeres Aeronáuticas. Es madre de dos niños y se encuentra detenida en la dependencia comunal n° 15.
Mientras tanto, todavía no hay detenidos por el incendio del móvil periodístico del grupo mediático Cadena 3 y otros elementos que se incendiaron y según los registros audiovisuales de la jornada podrían haber sido cometidos por personal policial infiltrado en la marcha para justificar la represión.
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron que el gobierno infiltró policías en la manifestación pacífica contra la Ley Bases para provocar desmanes y luego poder acusar de delitos gravísimos a militantes y organizaciones.
Esta tarde los organismos de derechos humanos darán una conferencia de prensa para informar el estado de las causas y reclamar la liberación de las personas detenidas.
La desproporcionada escalada de violencia judicial y política, hizo que los manifestantes detenidos al voleo durante la movilización contra la Ley Bases y acusados de una supuesta “sedición” contra el gobierno nacional fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza. La familia de Brian Ortiz por ejemplo, estudiante de Historia en el Instituto Superior de Formación Docente Nº1 de Avellaneda, informó que a él “lo acaban de trasladar a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, acusándolo de actos terroristas”. En tanto, Lucila Adano, hermana de Santiago Adano, otro de los detenidos el miércoles, confirmó que el joven fue trasladado durante la madrugada a Marcos Paz sin que la familia fuera informada de ello.
Debido a esta nueva información, las familias suspendieron la movilización que tenían prevista para hoy frente a los lugares de detención y tribunales, y convocaron a otra al mediodía en los tribunales de Retiro, sobre la avenida Comodoro Py.
La detención arbitraria, la falsa acusación con figuras penales desproporcionadas, la incomunicación, los traslados durante la madrugada y la falta de aviso e información a familiares son características propias de un modus operandi que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no habían aplicado durante años en la Argentina.
La persecución judicial contra los 33 detenidos durante la jornada de protestas del miércoles trepó hasta niveles grotescos. Alentado por fake news lanzadas a través de las redes sociales solventadas por el gobierno de Javier Milei, el cuestionado fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para todos y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional.
Por la mañana, la titular de la causa, la jueza María Servini indagó a los primeros diez detenidos que inicialmente quedaron bajo la órbita federal. Luego de las audiencias, las defensas pidieron la liberación y, durante este viernes, la jueza resolverá si concede o no las libertades. El propio Stornelli pidió a la jueza que continúen detenidos lo que está pendiente de resolución.
El día pos votación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la comunicación oficial. Dijo que hubo un “golpe de Estado moderno”. Lo definió como “el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción”, su forma particular de entender la crítica popular a una ley promovida por una administración empobrecedora.
Mientras… Este jueves, cuando todavía no habían pasado 24 horas de la aprobación en el Senado de la Ley Bases y del Paquete Fiscal, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, reunió en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y a las autoridades de los bloques de la oposición dialoguista, para que descarten los cambios introducidos en la Cámara Alta y ratifiquen los textos originales que aprobaron el 30 de abril.
