Una sucesión de hechos vuelve a recalentar la Patagonia: la comunidad lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero (Río Negro), deberá enfrentar un juicio por supuesta “usurpación” el próximo 16 de agosto, al tiempo que la comunidad Lof Paillako (Chubut), espera una orden de desalojo que -para sus integrantes- podría terminar siendo violenta.
Como si fuera poco, esta semana la localidad de Mallín Ahogado -cerca de El Bolsón- fue sacudida por el crimen de un hombre identificado como mapuche, en el marco de un operativo policial. Si bien el hecho pareciera estar desunido a un conflicto por la tierra de una comunidad mapuche particular, lo cierto es que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, prácticamente celebró el hecho.
“He ordenado al Ministerio de Seguridad y Justicia, y a la Policía que respalden al efectivo involucrado con todo el asesoramiento legal necesario”, expresó Weretilneck, al tiempo que agregó: “no permitiré que quienes arriesgan su vida en cumplimiento del deber queden desprotegidos”.
Lo más grave reposa en el hecho de que el mandatario pareciera alinearse rápidamente al discurso punitivista que emerge desde el ministerio que ahora vuelve a conducir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La última vez que la funcionaria estuvo en este cargo, dos hechos sacudieron a la región: la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato del joven mapuche, Rafael Nahuel. En el segundo caso, hay oficiales de Prefectura que fueron juzgados.
Pero las comunidades saben que además del escenario represivo que ya estaban viviendo desde hace décadas -y con el paso de todos los gobiernos democráticos-, ahora se le agrega otros elementos que podrían justificar nuevos desalojos violentos: uno de ellos es la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que solo genera preocupación.
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