En los galpones de Capital Humano no sólo se acumulan toneladas de alimentos sin repartir, sino que, además, mientras el país atraviesa el invierno más crudo de los últimos sesenta años, permanecen retenidas al menos unas 65.000 frazadas.
En total, el stock inicial era de 81.861 mantas listas para repartir en invierno. De ese total «habrán repartido, con toda la furia, unas 15.000. Del resto no tenemos ni noticias», denunció Ávila, el referente de la organización Proyecto 7.
Según figura en esos mismos registros de Capital Humano, al 10 de diciembre había unas 16.500 frazadas de una plaza y 5.998 de dos plazas guardadas en el depósito de Villa Martelli, más otro lote de 41.370 de una plaza en Tafí Viejo, en Tucumán, y otro de 18.000 en el galpón que el ministerio administra en el barrio de Palermo.
El stock de productos de Tafí Viejo a diciembre de 2023: 41.730 frazadas en stock.»Da mucha vergüenza. Tienen toneladas de alimentos que no quieren entregar, a pesar de que la justicia se lo ordenó. Y ahora se le suma que tiene guardadas las frazadas, en medio de una ola polar y de decenas de muertes», apuntó el dirigente fundador de la organización Proyecto 7, que se dedica a la problemática desde hace casi dos décadas.Desde el entorno de la ministra aseguraron que «se están haciendo envíos al sur constantemente de frazadas y abrigos», con énfasis en la Patagonia. A fines de junio, Pettovello coordinó junto al ministro de Defensa, Luis Petri, la entrega de frazadas y ropa para las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, azotadas por temperaturas extremas. «En los próximos días distribuiremos más», agregan.
El operativo conjunto fue realizado el 28 de junio, cinco días después de que se confirmara oficialmente la primera de las muertes en el sur por la ola polar. Fue en Caleta Olivia, Santa Cruz y se confirmó el domingo 23 del mes pasado. Se trataba de un varón de 59 años, Óscar Víctor Quinteros, cuyo cuerpo fue encontrado por sus vecinos en un descampado. La autopsia reveló que sufrió un paro cardiorespiratorio como consecuencia de las bajas temperaturas. Ávila desmiente que las mantas se estén entregando según las necesidades del invierno, y recuerda que, en años anteriores, el Estado no sólo repartía mantas –a través de las organizaciones como Proyecto 7 y otras asociaciones de asistencia– sino kits de frío, camperas y colchones, muchos de los cuáles provenían de incautaciones en la Aduana. Los envíos, desde la llegada del gobierno libertario, se cortaron.
También recuerda que está vigente la Ley nacional 27664 que protege los derechos de ese sector de la población, que está en el peor de los mundos. La ley fue sancionada en la pos-pandemia e implementada a medias por el gobierno anterior. El referente sostiene que Pettovello la está desfinanciando: en la última reunión que mantuvo con funcionarios del ministerio, le dijeron que el Gobierno no tiene pensado armar nuevos centros de integración, pero sí construir «más duchas» en los centros urbanos. «Es algo insólito. Por supuesto que cuando nos dijeron eso, nos levantamos y nos fuimos». Por ese tipo de planteos, Ávila fue amenazado de muerte. «Hay una bala en tu nombre», fue el mensaje que recibió, en su casa, hace apenas unos días.Desde el comienzo del invierno ya murieron ocho personas en situación de calle sólo en la Ciudad de Buenos Aires. La última se confirmó este jueves a la mañana, sobre Av. San Juan 1619. Se trataba de un varón de entre 60 y 70 años, todavía sin identidad, que no presentaba signos de violencia o heridas en su cuerpo, según el parte policial. Pero las muertes por hipotermia en medio de la inasistencia no finalizan en General Paz.
Sin frazadas que lleguen del Estado nacional, Salta fue el primero en registrar fallecidos por las bajas temperaturas en mayo. Se trató de dos personas en situación de calle, que murieron sin la posibilidad de hospedarse en refugios y sin el abrigo necesario para soportar heladas de menos de cero grados. Los casos se repiten en todo el país en el último mes y medio.
En Mar del Plata hallaron muerta a una mujer NN en situación de calle en plena Plaza Rocha, pero también pasó en Corrientes, en Santa Fé.
Mientras tanto, la justicia volvió a fallar contra Pettovello y tiene 48 horas para garantizar la comida. El juez en lo contencioso-administrativo federal Martín Cormick decidió este lunes que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene que informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares.
La resolución se refiere a la cautelar emitida por Walter Lara Correa, la cual hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
El juez Walter Lara Correa consideró que en Argentina la política pública para asegurar el derecho a la alimentación se apoya en distintos planes y programas como la transferencia de ingresos a cada familia, la articulación y coordinación con provincias y municipios y también a través de la entrega de alimentos a comedores comunitarios mediante el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esos son los programas que el Ministerio de Capital Humano no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas.
En medio del receso invernal, Cormick habilitó la feria judicial para tramitar la causa y finalmente este lunes le dio un plazo al Ministerio de Capital Humano. En este plazo de 48 horas, el Gobierno tendrá que informar cómo va a garantizarle la alimentación a quienes asisten a los comedores.
