Este 1 de agosto se cumplen siete años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el joven tatuador que fue buscado por más de dos meses luego de una represión ilegal en la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen, Chubut.
El 17 de octubre de 2017 su cuerpo fue encontrado en un lugar que había sido rastrillado al menos cuatro veces por una decena de uniformados. Allí, en el río Chubut, donde se lo vio por última vez al joven de 28 años intentarlo cruzar y donde algunos testigos afirman haber visto cuando era detenido por la Gendarmería que en ese entonces -también- comandaba la ministra Patricia Bullrich.
La familia jamás creyó que “Santiago se ahogó solo” y desde aquel 1 de agosto a la actualidad, la causa tuvo avances y más retrocesos. Peor sin dudas, desde hace varios meses que la investigación ni siquiera tenía alguna novedad. Hasta ahora.
Luego de cinco años de pedir su apartamiento, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón a la familia Maldonado y apartó al juez Lleral de la causa, quien hasta ahora sostenía la hipótesis de que Santiago había muerto ahogado, casi de forma accidental, sin tener en cuenta el contexto ni el informe de peritos, que afirmaban todo lo contrario.
Ahora la causa estará a cargo del Juez Dr. Federico Calvete, Juez federal de Ushuaia. El magistrado, que está al frente de la investigación desde el pasado 25 de junio, ya revocó el sobreseimiento de los imputados pertenecientes a la Gendarmería Nacional, los principales sospechosos de la muerte de Santiago Maldonado.
Por otro lado, Calvete también pidió ampliar los informes de los peritos que actuaron en la autopsia del joven, en el cual -entre otras cosas- ponían en duda sobre la conservación del cuerpo (que supuestamente debió estar a la intemperie dos meses) y la causa de su muerte.
