Entrevistamos a Mariano Fernández, Secretario gral de AJB Asociación Judicial Bonaerense de la Departamental Mar del Plata.
La denuncia por violencia laboral y de género que la AJB efectuó contra los jueces integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 local Mariano Riva y Augusto Lerena ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia desembocó en un pedido de jury a los nombrados magistrados por el Procurador General Julio Conte Grand que tramita expediente SJ 680/23 caratulado “Riva Mariano José y Lerena Alejandro Augusto- integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata S/ Procurador General ante la SCJBA Dr. Julio Conte Grand- Denuncia”.
Realizado el soteo correspondiente por parte de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento del Senado Bonaerense resultaron desinsaculados para integrar el Jurado de enjuiciamiento los legisladores abogados y abogada Dip. Ricardo Lissalde, Dip. Maite Milagros Alvado, Dip. José María Fernández, Sdor. Joaquín De La Torre, Dip. Diego Raúl Garciarena en calidad de titulares; y los Diputados Emiliano Balbin, Alejandro Angel Carrancio y Germán Di Césare como suplentes.
La composición total estará definida una vez que el presidente de la Suprema Corte de Justicia convoque a efectuar el sorteo de los y las conjuezas abogadas de la matrícula en igual número que las y los letrados legisladores.
También resta definir si el gobernador Axel Kicillof emitirá o no el decreto aceptando la renuncia con fines jubilatorios presentada por el Dr. Lerena como lo hiciera con el ex juez de familia Juan Facundo Dominoni -hoy asesor del Dip. Carrancio- quien se encontraba suspendido bajo la imputación de violencia laboral y de género y mal desempeño de sus funciones, lo que le posibilitó a Dominoni evitar ser destituído por el Jurado de enjuiciamiento, no obstante la advertencia de la OIT a los Estados firmantes del Convenio N°190, entre los que se encuentra nuestro país, sobre prestar especial atención a los peligros y riesgos que se deriven del abuso de las relaciones de poder y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso (Recomendación N°206).
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