El proceso para que el juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla, los candidatos del Poder Ejecutivo, se conviertan en ministros del máximo tribunal entra en su etapa final.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda encabezan el poder máximo de la Justicia en el país y, por primera vez desde 2004, no hay una mujer.
El poder ejecutivo propone a sus candidatos y el Senado presta acuerdo para su designación. Los candidatos deben ser elegidos teniendo en cuenta las “aptitudes morales”, la idoneidad técnica y jurídica, la trayectoria y el compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, según el artículo 2 del decreto 222/03. Algunos de los requisitos son: ser abogado/a de la Nación con al menos 8 años de ejercicio; tener más de 30 años; tener al menos 6 años como ciudadano Argentino.
La legislación también dispone “en la medida de lo posible” tener en cuenta la composición general de la Corte Suprema “para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal según el art 3 del mismo decreto.
La ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de 15 días, presentar ante el Ministerio de Justicia las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los preseleccionados. Si decide avanzar, el Ejecutivo eleva su propuesta a la Cámara de Senadores, donde pasa a la Comisión de Acuerdos, que cuentan con 17 integrantes. Los candidatos deben reunir al menos 9 firmas para que su pliego llegue finalmente al recinto. El Senado aprueba su nombramiento con el voto de dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.
El juez Ariel Lijo fue propuesto por el Gobierno para ocupar la vacante que se abrió en 2021 tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Recordemos que Highton, como informó este diario, tenía un gran enojo con la mayoría de ellos por cómo se había llevado a cabo la renovación de autoridades que convirtió a Horacio Rosatti en el nuevo presidente del tribunal, elección en la que la ella se negó a participar junto (y en apoyo) a Ricardo Lorenzetti. Al final de la reunión, dejó trascender que a su modo de ver la Corte experimenta un “fin de ciclo”. Ella fue la primera mujer en asumir en la Corte Suprema en democracia. Su única lejana antecesora, Margarita Argúas, había sido nombrada por el gobierno de facto de Roberto Levingston, en 1970. Después de impulsar la renovación de la vieja Corte de la mayoría automática menemista, Néstor Kirchner promovió su nombramiento y el de la fallecida Carmen Argibay, quien tardó un tiempo más en asumir porque integraba el Tribunal Criminal que juzgaba los crímenes en la exYugoslavia en La Haya y debía terminar esa tarea.
Vale destacar que, con Argibay y Highton de Nolasco, se creó la Oficina de la Mujer, que impulsa la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, para facilitar el acceso a la justicia de personas afectadas por hechos de violencia doméstica.
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Ayer la comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO), recibió a Lijo en el Salón Azul del Senado. Primero se leyeron las adhesiones e impugnaciones al pliego del juez y luego el candidato realizó una corta exposición donde justificó su candidatura. Ariel Lijo es un juez argentino conocido por sus posturas conservadoras y controvertidas. Se le acusa de mantener una visión tradicional y retrógrada de la sociedad, especialmente en temas de género y derechos humanos. Se le critica por no considerar las circunstancias y contextos de los casos que juzga, especialmente en casos de violencia de género y pobreza y de mantener una visión sexista y machista, especialmente en casos de violencia de género y aborto. Se le critica por sus declaraciones y acciones políticas, que pueden comprometer su imparcialidad como juez y por sus declaraciones y acciones en contra de los derechos humanos, especialmente en casos de protesta social y libertad de expresión.
Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura.
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El Juez García-Mansilla fue propuesto para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que en diciembre cumplirá 75 años: la edad límite que establece la Constitución para ser ministro del máximo tribunal.
Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes”, expresaron las organizaciones en cuanto se hizo conocida su postulación. García-Mansilla también se opuso al fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia, a su entender, las mujeres que sufren una violación –y que no padecen algún tipo de discapacidad mental- no tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo y deben ser perseguidas penalmente. En cuanto a los temas energéticos, García-Mansilla se opuso al fallo de la Corte Suprema que en 2016 estableció la realización obligatoria de audiencias públicas, con participación ciudadana, para la fijación de tarifas de gas. Lo calificó como producto de “populismo judicial” que “inventó” derechos que no existen.
Ayer Lijo se presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta para defender su postulación. Una semana más tarde, será el turno del jurista. Si la Comisión da el visto bueno, los pliegos serán elevados al recinto para su tratamiento.
Desde INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) rechazan la postulación a ambos jueces para integrar la Corte Suprema.Hoy encabezan una audiencia pública en Diputados junto a diversos sectores de la sociedad civil para expresar sus críticas.
