La senadora de Neuquén Lucila Crexell fue denunciada penalmente por cohecho y tráfico de influencias, bajo la sospecha de haber cambiado su posición respecto a lo que iba a votar en la Ley Bases a cambio de una designación como embajadora argentina ante la Unesco.
La presentación judicial lleva la firma de los abogados platenses Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo de La Plata y solicitaron que intervenga la Unidad de Información Financiera (UFI) para conocer su evolución patrimonia
Crexell llegó al Senado gracias al Movimiento Popular Neuquino, el cual abandonó en 2019 para sumarse a Juntos por el Cambio. Luego, en 2023, llamó a votar a Sergio Massa en el balotaje presidencial e incluso votó en contra del DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei.
La neuquina tuvo que salir a aclarar antes de la sesión en el Senado que recibió la oferta y la aceptó pero se defendió argumentando que eso no tenía nada que ver con la discusión de la Ley Bases. Casualmente, en la votación en general del proyecto enviado por el Ejecutivo, votó a favor.
Los abogados Rodríguez Antinao y Fernández Camillo se respaldan por una serie de notas periodísticas y el expediente de designación de la senadora
La denuncia cayó en el juzgado federal de Comodoro Py a cargo del juez Ariel Lijo, uno de los dos candidatos propuestos por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, algo que genera dudas respecto a la transparencia de esa designación y como esta va a terminar. En la presentación judicial también solicita la citación a declarar como testigos a los periodistas que publicaron los informes y documentación oficial relativa a su designación ante la UNESCO.