En Argentina, de un momento a otro, una persona que asiste a una protesta se puede convertir en terrorista.
Esa es la estratagema que el Ejecutivo y parte del Poder Judicial buscan imponer, aunque las pruebas demuestren lo contrario: de los 33 detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad tras la movilización por el debate de la Ley Bases en el Senado, la jueza María Servini ya liberó a 17.
El fiscal Carlos Stornelli apeló la determinación de la jueza María Servini y pidió que 14 de los 17 liberados vuelvan a ser detenidos. Stornelli sostiene que “incitaron a la violencia colectiva contras las instituciones”. Las tres personas puestas en libertad que quedaron fuera del pedido del fiscal son vendedores ambulantes.
Los perfiles de los detenidos distan mucho de haber cometido el delito de “alzamiento contra el orden constitucional”, tal como consideró el fiscal Carlos Stornelli.
El caso del músico Santiago Adano, los tres integrantes de la familia Ocampo o el del estudiante de Historia Brian Ortiz que fueron excarcelados el viernes por la noche, dan cuenta de la arbitrariedad con la que se aplicó el operativo represivo en las inmediaciones del Congreso el miércoles, para dispersar a los manifestantes.
La situación de la docente María de la Paz Cerrutti o de la militante del MST, Sasha Lyardet, que aún siguen presas, son aún más inexplicables.
Mientras, aquellos detenidos que pudieron hablar, contaron que fueron golpeados y desnudados para ser interrogados.
