“Estamos ante un hecho gravísimo para nuestra democracia”
Organismos de derechos humanos, víctimas del terrorismo de Estado, junto a representantes de los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, entre otros, participaron de una audiencia pública en la Cámara de Diputados para rechazar la visita que realizó un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a genocidas de la última dictadura militar condenados.
La actividad se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados en un salón colmado de nietos, nietas, familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, más una veitena de legisladores de UP y el FIT. Unas tres horas de encuentro en el que dejaron en claro el repudio de la visita de seis legisladores del bloque oficialista a represores condenados por delitos como torturas, violaciones, desaparición forzada y apropiación de bebés.
El nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit aseguró que es necesario “que se marque un límite” y señaló que entre los represores se encontraba Alfredo Astiz, uno de los máximos exponentes del terrorismo de Estado de aquellos años. “Tiene comprobado 647 hechos de privación ilegal de la libertad, 651 imposición de tormentos, 32 homicidios”.
Mientras tanto, en la ciudad de Mar del Plata una vez aprobado el proyecto que autoriza la instalación de una destilería y un bar de La Restinga en el predio del Faro de la Memoria, organismos de derechos humanos anunciaron que recurrieron a la Justicia para solicitar un recurso de amparo con el fin de proteger el lugar.
Durante el tratamiento de la propuesta en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, diferentes referentes y vecinos de la zona brindaron su testimonio -tanto en apoyo como en rechazo- para nutrir el debate y previa votación de los ediles. A su turno, Fernando Martínez Delfino, representante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mar del Plata cuestionó a los concejales al considerar que «estamos discutiendo algo que nadie vio físicamente» y confirmó que junto a otros organismos de derechos humanos juntaron más de 800 firmas y avanzaron con una presentación ante la Justicia para solicitar un recurso de amparo y proteger el Faro de la Memoria. La presentación del pedido en Tribunales se realizó durante la mañana del lunes y para que «la Justicia repare porque esto no es solo una cuestión política del predio, hay muchos colaterales: el tema económico, si vieran el lugar se darían cuenta que 250 mil pesos por mes por ese lugar es una estafa. En algún momento los que voten acá tendrán que dar cuenta a la Justicia directamente», advirtió el militante.
El predio del Faro de la Memoria evoca los oscuros tiempos de la dictadura: allí se secuestró, se torturó, se desapareció. El compromiso y la coherencia de los organismos de derechos humanos de la ciudad lo ha transformado en un lugar de vida y esperanza donde el dolor muta por el amor. Hace tiempo que el espacio en su conjunto es objeto de reflexiones participativas de organizaciones, grupos, académicos que buscan darle, en el marco de su objeto principal, una proyección social, cultural, comunitaria que lo enriquezca y complemente. Dos antecedentes, uno de 2008 y otro de 2021/22 dan cuenta de la creación de un espacio integrado al barrio y a la ciudad donde articules un instituto de ciencias del mar, un centro de acceso a la justicia, un parque de las infancias, un centro de formación laboral en nuevas tecnologías, en fin un lugar de cultura, trabajo y encuentro donde hubo un centro clandestino de tortura y muerte.
En los años 90 y con el achicamiento del Estado, Menem trasladó la Escuela de Suboficiales a Bahía Blanca, ahí se derogó el servicio militar por el caso Carrasco y una parte del predio quedó abandonado, y otra queda con el área de Hidrografía Naval. La armada comenzó el negocio con el Aquarium, perdiendo la salida al mar, así se perdió además uno de los lugares que también funcionó como centro clandestino que era un polvorín. Años después los negocios siguen y se instala un parque de diversiones, tras una lucha intensa y el inicio del juicio por la Verdad, la Armada lo cierra, pone un alambrado y lo transforma inicialmente en un parque recreativo para las fuerzas, luego Osvaldo Menecier, un militar que murió hace un año y medio aprox, lo ocupó y lo usufructuó comercialmente, usándolo como un camping, pero sin darle plata a nadie, sin permisos. Este es un predio ocupado hace años, después se quejan de los terrenos tomados pero en la entrega de terrenos algunos están bien y otros están mal”, aseguró la referenta del espacio al medio MDPYa.
Tras la muerte de Menecier hay muchos ojos puestos en este lugar, de hecho El Ejecutivo intenta avanzar a través de la sociedad de Fomento de Faro Norte en la instalación del bar, “Esto habla de la situación crítica de las sociedades de fomento que tienen que trabajar por el bien del barrio pero no tienen un mango, ni gas, y se agarran de lo que pueden para sobrevivir”, consideró Pecoraro.
Este lunes, patrocinados por el Dr. César Sivo
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y EX DETENIDOS DESAPARECIDOS INTERPUSIERON ACCIÓN JUDICIAL PREVENTIVA
Con motivo del proyecto de ordenanza existente en trámite ante el Concejo Deliberante, a través del cual se pretende otorgar el permiso de uso de predios que fueron utilizados por parte del Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, contiguos al Faro de la Memoria y la ex ESIM, este lunes por la mañana se interpuso acción judicial preventiva de daño.
La acción, articulada por representantes de organismos de derechos humanos y víctimas que se encontraron detenidas y desaparecidas en dichas instalaciones, tiene por finalidad evitar la concreción de daños que puedan generar tanto la responsabilidad de parte del estado municipal, como así también de la Provincia e incluso Nación por ante los organismos internacionales, por incumplimiento de obligaciones previamente asumidas en la materia.
Los accionantes, patrocinados por el Dr. César Sivo, hicieron hincapié en diversos tópicos relevantes al interponer la acción.
Por una parte la afectación del Derecho a la Memoria, entendido este como un derecho humano, el cual es reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que se atenta en forma flagrante contra un espacio de memoria, afectándose en forma directa e inmediata tanto a las víctimas del terrorismo de estado como a la comunidad del partido de General Pueyrredon.
Pero el reclamo por el resguardo del predio que la Municipalidad pretende otorgar a la Asociación Vecinal Faro Norte no se detiene allí, toda vez que de los antecedentes que surgen del expediente administrativo de trámite por ante el Concejo Deliberante, se advirtieron una serie de irregularidades que también han sido puesto de resalto:
– No existe Estudio de Impacto Ambiental actualizado
– Se afecta el patrimonio histórico de la ciudad y por lo tanto, el municipio se expone a acciones judiciales de diversa índole
Paralelamente, de acuerdo a lo peticionado por la Asociación Vecinal, se propone un canon locativo de 3 millones de pesos anuales, pero a su vez han manifestado su intención de ceder en uso el espacio a favor de la firma BURBARREL S.A. conocida por ser la fabricante del “Gin Artesanal Restinga”.
En su presentación, los accionantes han puesto de resalto la circunstancia de que, a través de la Asociación Vecinal, utilizada como interpósita persona y mediante una maniobra que la normativa de sociedades de fomento no autoriza, se convierta en un espacio de ocio, donde se comercialicen y produzcan bebidas alcohólicas un lugar que, en cambio, debe ser destinado a las actividades dirigidas a poner de realce los valores de memoria, verdad y justicia, fomentando el pensamiento crítico y reflexivo para que las mayores atrocidades de nuestra historia reciente no se vuelvan a reiterar.
En suma, en el marco de la acción entablada, se requirió al Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 1 de este departamento judicial, Dr. Simón ISACCH, la disposición de un mandato judicial a los fines de que:
– Se compela a la Municipalidad de General Pueyrredon, tanto a través del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante, a abstenerse de efectuar cesiones, otorgamiento de permisos, locaciones y/o la utilización de cualquier otra figura análoga respecto del predio identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección Y, Fracción III, Parcela 1.
– Se convoque a organismos de Derechos Humanos con representación en la ciudad y la provincia a los fines de fijar políticas conjuntas tendientes al resguardo de las instalaciones que conforman el inmueble y la adopción de políticas y acciones propias de la justicia transicional.- Se suspenda el trámite del expediente administrativo 1655-D-2024 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón hasta que se procedan a adoptar las medidas pertinentes para la prevención de los potenciales daños que pudieran poner en riesgo la conservación del predio.
