Las organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero movilizaron este viernes 6 a las 12.30 al Puente Pueyrredón para reclamar al ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que entregue los alimentos a los comedores populares, por aumento y apertura de los programas sociales, contra la represión y el fin de la persecución a la protesta sociales.
«En 9 meses el gobierno de Milei arrasó con los derechos de la niñez, los abuelos, los trabajadores y la juventud. El 52% de la población está en la línea de pobreza, y más de 8 millones de personas son indigentes. Los despidos son masivos y más de 38 mil empresas anuncian que están en crisis y que podrían despedir cientos de miles de trabajadores antes de fin de año. Quieren destruir la ayuda social con el objetivo de desmoralizar a los trabajadores y desarticular las organizaciones que luchamos contra todos los gobiernos ajustadores y somos, y hemos sido, un dique de contención contra el avance de la delincuencia organizada y el narcotráfico en los barrios», remarcan. También, exigen «un plan de lucha progresivo hasta la huelga» a la CGT y las CTAs.
Las organizaciones definieron la acción en virtud de que la “UNICEF alertó que hay más de un millón de pibes y pibas que no cenan en sus casas, lo que supone que sus padres tampoco, esto hace que tres millones de personas no hacen una de las comidas fundamentales”.
Además, en un comunicado, cuestionaron los datos oficiales de desempleo. Allí señalan que “la desocupación es mucho más alta que lo que dicen las estadísticas oficiales, que sostienen que, si una persona trabajo de algo un día, o cobra un plan social, o junta latitas ¡no está desocupada!”. A la vez aseguran que “también hay hambre porque los salarios son miserables y muchos trabajadores acuden a comedores populares, que cerraron o redujeron su oferta de alimentos porque Millei y Pettovello dejaron de enviar alimentos ¡HACE 9 MESES!”
Las organizaciones justifican la medida porque “en nueve meses el gobierno de (Javier) Milei arrasó con los derechos de la niñez, los abuelos, los trabajadores y la juventud” arrojando como resultado que “el 52 % de la población está en la línea de pobreza, y más de 8 millones de personas son indigentes”.
