En “La Revolución de la Mañana” entrevistamos a Roberto Cipriano García, abogado egresado de la UNLP, psicólogo social del Centro de Estudios en Psicología Social, y parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para profundizar sobre la disputa social que hay en torno al uso de celulares en las cárceles.
A raíz de las restricciones por el aislamiento social preventivo y obligatorio en la pandemia del coronavirus, se puso desde marzo de 2020 en vigencia un protocolo para que las personas privadas de su libertad en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense pudieran estar comunicadas con sus familiares a través de celulares.
A raíz de algunos casos que han sucedidos, y de un informe que salió por parte “La Procuración General de la Nación”, y a los que se les dio relevancia mediática, comenzaron a circular discursos de odio, que solo generan una mayor estigmatización y profundizan la vulneración de derechos.
Lo que nos informa García, es que “se registra el chip del teléfono, el aparato, y por lo cual lo transforma en un medio de comunicación mas seguro que el que se consigue de manera ilegal” haciendo hincapié en aquellos teléfonos celulares que circularon históricamente en las cárceles, que eran abastecidos por los mismos guardias, y que al no estar bajo ninguna registración, allanan el camino de la ilegalidad. En estos casos, dice García, “disminuyeron los hechos de violencia, las muertes y los delitos entre las personas detenidas. La idea que se construye que detrás de las personas detenidas que tienen celulares se cometen más delitos es mentira, no hay estadísticas que den cuenta de este fenómeno”.
“Se generó sobre esta problemática un discurso que va por una corriente de quitar derechos, y reclamando la necesidad de restringir derechos, pero este es un derecho que está avalado por la Constitución, y reconocido en pactos internacionales. Las personas detenidas, solo están privadas del derecho a la libertad ambulatoria, el resto de los derechos se los tiene que garantizar el Estado, y si el Estado no se los garantiza incumple con los pactos internacionales y con la constitución nacional”.
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