El titular de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, advirtió que el 30 de junio vencen más de 50 mil contratos de estatales que habían sido renovados por apenas tres meses en marzo pasado, cuando el Gobierno aplicó la primera ola masiva de despidos.
Recordemos que el primer día hábil de abril, luego de Semana Santa, el Gobierno dejó en la calle a 15 mil trabajadores del Estado. El método para contrarrestar la protesta de los gremios ante los despidos masivos fue militarizar los ministerios y custodiar el ingreso a los edificios públicos con la Policía Federal. El propio Presidente prometió que en total despedirán a unos 75.000 trabajadores públicos durante todo el año, por lo que ahora se espera una nueva ola de recorte de personal en las dependencias públicas.
Esto podría repetirse a partir del lunes que viene, cuando a otros 50 mil empleados que eludieron aquella primera poda se les vence el contrato precario que les fue renovado por apenas tres meses más. Ante ese posible escenario, desde ATE convocaron a un paro con movilización hacia Plaza de Mayo para este jueves, en coincidencia con el día del trabajador estatal. También planean una permanencia pacífica en las oficinas de cada organismo. En efecto, consideran la idea de permanecer dentro de los ministerios y organismos hasta que llegue el primer día hábil de julio, para que se garantice la continuidad laboral de todos los vínculos que vencen a fin de mes.
Con la cuenta regresiva en marcha, en Casa Rosada aceleran los pasos para ultimar los detalles de la nueva ola de despidos, aunque hay algunos flancos todavía sueltos. El método para la poda será similar al que ya se utilizó en abril: cada ministerio presenta su propia nómina ante la jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita –todavía– funcionan la Secretaría de Transformación y la de Simplificación del Estado. Se espera que esas áreas pasen a reubicarse en la eventual nueva estructura que Javier Milei ideó para Federico Sturzenegger. Ese movimiento espera la aprobación de la ley de Bases. El número final de despidos está atado y depende en buena medida de ese proceso, aunque la última palabra la tienen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Javier Milei.
De todos modos, desde ATE consideran que no van a despedir a 50.000 estatales. Aguilar confirmo que “Si echan a esa cantidad directamente nos quedamos sin Estado”. Como bien sostiene el secretario general del gremio “el gobierno no despide para ajustar, despide para desmantelar, para desguazar e intentar pasar numerosas áreas públicas a sectores privados”.
De todas formas, pase lo que pase el 30 de junio, cuando el Gobierno comunique cuántos despidos efectuó, el programa libertario de desguace estatal seguirá en marcha. El propio vocero presidencial Manuel Adorni confirmo a principios de este mes que “Más despidos va a haber, con seguridad. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es”, estas declaraciones se dieron luego de una tanda de despidos que sufrieron los trabajadores del INADI.
En ese marco, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió la semana pasada en su despacho al secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quien le llevó el planteo de la renovación de los contratos pero también de reincorporaciones que están pendientes desde la primera poda, que en su brutalidad no discriminó a embarazadas, personas con discapacidad y tampoco respetó el cupo trans establecido por ley. Otro de los reclamos pasa por que la renovación de los contratados sea al menos hasta diciembre y no cada tres meses.
De acuerdo con un informe de ATE, que indica que el salario mínimo para una familia tipo debe ser de $1.309.303 de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza, el 75% de los estatales son pobres. En ese marco, el sindicato pidió un incremento salarial urgente. Se pide un aumento del 80% en paritarias, a pagar en un solo tramo.
A su vez, de acuerdo al informe de ATE, basado en los datos del INDEC sobre empleo público, el primer recorte que llevó adelante el oficialismo fue de 15.404 trabajadores. El número abarca únicamente a la administración pública nacional, es decir a los ministerios y organismos descentralizados, pero no a las empresas del Estado, donde también está en marcha un proceso de desguace que abarcó otros 3.819 despidos. El total –al mes de mayo– fue de 19.223 (un 80 por ciento en la administración pública, y el 20 restante en las empresas estatales).
Los ministerios más golpeados fueron Capital Humano (se redujo el 17,7% por ciento del total), seguido por Interior (-13,9%) y Economía (-16,2%). En Presidencia (de la que dependen varios organismos descentralizados) la poda superó el 20 por ciento
