El gobierno de Javier Milei avanzó con el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), una herramienta que permite la búsqueda de los y las bebés apropiadas por la dictadura.
En lo que parece ser el primer paso, el Poder Ejecutivo comenzó con el cierre definitivo de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños que formaba parte de esta Comisión.
De esta forma, a través del decreto 727/2024, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 por el expresidente Néstor Kirchner, en donde se creaba esta unidad. Aunque, vale la aclaración, la Conadi fue iniciada en el gobierno de Carlos Menem.
Mientras la Conadi se dedica enteramente a intentar lograr la restitución de la identidad de muchos nietos y nietas apropiadas, esta unidad que cerró el gobierno de Milei era una herramienta fundamental, ya que se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello”. Además, la Unidad podía “efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.
Ahora, organismos de Derechos Humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, temen que el gobierno de Milei avance directamente con el cierre definitivo de la Conadi. Los temores no son infundados: desde que asumió, el presidente encabeza uno de los ajustes más grandes de la historia en la Argentina, pero al mismo tiempo representa a un gobierno que decide reunirse con genocidas en sus cárceles.
